La ministra de Vivienda y Agenda 2030, Isabel Rodríguez, ha comparecido esta tarde en el Senado para dar cuentas, entre otros asuntos, del progreso en la construcción de 532 viviendas públicas protegidas en el barrio de Can Escandell, en Ibiza.
Respondiendo a una pregunta del senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, Rodríguez ha afirmado de que actualmente se está trabajando en las obras de urbanización, que “siguen su curso con normalidad” y ha confirmado que está previsto que estas terminen en el primer trimestre de 2017.
Rodríguez ha confirmado a la Cámara Alta que 362 de estas viviendas serán edificadas y gestionadas directamente por la entidad pública Casa 47, con un Plan de Alquiler de Vivienda Asequible, con una inversión total de 100 millones de euros.
La ministra también ha explicado el ministerio que conduce conciliará los procesos,de manera que tan pronto como terminen las obras de urbanización se litará la edificación, para que estas viviendas asequibles puedan estar “cuanto antes” a disposición del parque de vivienda pública.
Además, Rodríguez ha dicho que “en aras a la agilidad” y en diálogo con el ayuntamiento de Eivissa, el ministerio ha acordado ceder al ayuntamiento de la capital insular la gestión de la parcela restante. Esto es así, ha dicho la ministra, “siempre y cuando sea para poner en marcha el proyecto ganador de los arquitectos jóvenes que ganaron el concurso Europan, y garantizando la protección permanente de esas viviendas con el objetivo de que toda esta vivienda sea accesible, 100% pública y que la estemos protegiendo para siempre”.
Fiscalización de la adjudicación de vivienda pública
En los últimos días, el debate nacional ha puesto la vivienda pública en el ojo del huracán, tras la apertura de diligencias judiciales en Alicante al destaparse una serie de presuntas irregularidades en la gestión de la promoción de vivienda pública de Les Naus.
Allí se investiga ahora si varios cargos públicos actuaron para favorecer a familiares y allegados en la adjudicación de vivienda protegida.
Ante menciones del senador de Ibiza y Formentera a lo sucedido en la localidad de la Comunitat Valenciana, la ministra Rodríguez ha respondido asegurando que “todas estas viviendas contarán con todos los controles, con toda la fiscalización» y medidas de garantía para que la vivienda pública protegida no quede sujeta a posibles delitos como los que se investigan en Alicante, entre ellos la prevaricación y el tráfico de influencias.
