La Fiscalía pide el archivo definitivo del caso Eivissa Centre «al no acreditarse delito alguno»

@D.V./ La Fiscal ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa en el que se pide el archivo del conocido como ‘caso Eivissa Centre’ ya que considera que “no ha quedado acreditado delito alguno contra la Administración pública, ni tampoco ningún delito de cohecho cometido por ninguno de los imputados: Xico Tarrés Marí, Antonio Pinal Gil, Pedro Campillo Antón, Jaime Díaz de Entresotos, José Antonio Maturana, Emilio Pérez Echagüe, Josep Marí Ribas y Miquel Mestre Morey”.

En su escrito, la Fiscalía ataca a la acusación particular representada por Roque López de haber dilatado artificialmente la investigación de este caso, ya que “los posibles hechos delictivos que tenían que ser investigados eran las grabaciones aportadas por Roque López, por si se había cometido cohecho, y sin embargo la acusación particular representada por el señor López ha dirigido su actuación a la investigación de la totalidad del proyecto urbanístico Eivissa Centre”. Una opción que “ha motivado la práctica de un sinfín de diligencias (documentales, periciales y testificales) cuya admisión ha contribuido notablemente a la dilatación de la instrucción, y ello a pesar de que la práctica de otras muchas diligencias fueron rechazadas por inútiles o impertinentes”.

Una conversación grabada en la que no aparece delito alguno
En su escrito, la Fiscalía realiza un resumen de la instrucción del caso, y explica éste arrancó cuando aparecieron indicios de que la empresa mixta Itusa, encargada de la remodelación del centro de Ibiza, estaría recibiendo a través de uno de sus consejeros, Pedro Campillo, comisiones por parte Bruesa, la empresa adjudicataria de las obras y propiedad de Antonio Pinal. Estos indicios eran fruto de unas conversaciones grabadas con un mp3 por quien entonces era el Secretario General del PSOE de Eivissa y Formentera, Roque López.

La Fiscalía comenta que la conversación grabada que podía tener trascendencia penal ras la que mantenía Roque López con el entonces gerente de Itusa, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’. En esa conversación, ‘Agustinet’ comentaba unas palabras de Antonio Pinal, en las que aseguraba que “si le adjudican Bruesa el excedente de los pisos del edificio Juan XXIII, podría venderlos de forma libre y poner en escritura un precio y recibir dinero en “B”, y que ese dinero en B “se repartiría a medias entre el PP y el PSOE”.

Las conversaciones han sido analizadas tanto por peritos de la Policía Nacional como por peritos de parte y no ha quedado acreditado que hayan sido manipuladas. No obstante, a parte de la grabación, la Fiscal constata que se han rastreado todas las actuaciones del Consejo de Administración de Itusa y que no han encontrado «ningún indicio que pudiera hacernos sospechar que se adoptó alguna decisión porque sus miembros recibieran comisiones”. Recuerda también que las cuentas de Itusa han sido sometidas a una auditoría y que dicha sociedad elabora un informe anual que se incorpora a los Presupuestos del Ayuntamiento de Eivissa y que no se ha detectado nada anómalo.

Por tanto, según considera la Fiscalía, si no existen pruebas, “lo que Josep Marí Ribas diga que va a hacer otra persona no es suficiente para imputarla” e insiste en que los indicios se deben acompañar de otros indicios o de pruebas directas para poder constituir una acusación sólida. Recuerda también que la operación que en principio estarían tramando ‘Agustinet’ y Antonio Pinal nunca se llevó a cabo: “Si bien se adoptó el acuerdo de atribución del excedente de pisos a Bruesa, dicho acuerdo se dejó sin efecto un mes después, en espera de la aprobación definitiva del PGOU” y que “incluso en la grabación el propio Josep Mari Ribas advierte a Roque López de que todo lo que le cuenta depende de si se aprueba o no el PGOU”. Por tanto, en la conversación se trataría de supósitos, de hipotéticos planes de futuro, y recuerda que “las meras suposiciones no pueden ser nunca delito”.

Finalmente, recuerda que ‘Agustinet’ no podría ser autor del delito de cohecho, ya que él “solo era gerente de Itusa, sin facultades decisorias, no votaba los acuerdos y no adoptaba ninguno”.