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La jueza declara prescrito el delito urbanístico del que se acusaba al exconseller de Patrimoni

Por Luciana
17 junio 2015
en Local
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@L.Aversa/ La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, ha declarado prescrito el presunto delito contra la ordenación del territorio que pesaba sobre el exconseller insular de Patrimoni, Joan Marí Tur ‘Botja’, sobre el arquitecto Joan Prats Bonet y sobre Antonio Huerta Ruiz, exarquitecto municipal de Sant Josep, a raíz de una acusación de la Fiscalía de Ibiza.

Joan Marí Tur 'Botja' habla con los abogados y con el arquitecto Joan Prats (dcha.). Foto: L.A.
Joan Marí Tur ‘Botja’ habla con los abogados y con el arquitecto Joan Prats (dcha.). Foto: L.A.

Los tres se han sentado esta mañana en el banquillo de los acusados para responder por unas las obras que realizó ‘Botja’ en la finca Can Geroni, para convertir unos corrales en una vivienda, en un espacio protegido que se encontraba por encima de la cota de 200 metros de altura.

La magistrada ha dado por buenos los alegatos de los tres abogados defensores, cuya principal exposición realizó el letrado Rafael Perera, representante legal del exconseller. El abogado defendió que ya han transcurrido los tres años legales para la prescripción del delito urbanístico. Para ello, aportó como prueba el dictamen del perito enviado por la Fiscalía en 2007 y 2008 para verificar el estado de la propiedad, y al que pidió que ratificara que las obras estaban finalizadas en marzo de 2007, en su primera visita, confirmación que el perito realizó por escrito.

Según ha motivado Perera, entre marzo de 2007 y mayo 2010, cuando fue imputado ‘Botja’, transcurrieron «sobradamente» los tres años de plazo legal para la prescripción. Así se ha expresado sobre los tres años y dos meses transcurridos entre el final de obra y la imputación.

Por su parte, el abogado del exarquitecto Antonio Huerta ha defendido que en su caso la prescripción es más evidente ya que el informe favorable emitido para la construcción de la vivienda data de 1998.

Joan Marí Tur 'Botja', Joan Prats y Antonio Huerta, en el banquillo de los acusados. Foto: L.A.
Joan Marí Tur ‘Botja’, Joan Prats y Antonio Huerta, en el banquillo de los acusados. Foto: L.A.

La vista empezó a las diez y cuarto, pero el juicio no llegó a celebrarse. Tras escuchar los alegatos, la magistrada decidió hacer un receso de media hora para decidir sobre la prescripción solicitada por las partes, que pidieron que se resolviera esta misma mañana.

La letrada no esperó a que terminara el receso y comunicó a los acusados «de palabra» que la causa está resuelta. Así lo ha explicado el abogado Rafael Perera en la puerta de los juzgados. Según ha detallado, con esta decisión la causa queda terminada «sin necesidad de recurso alguno, puesto que la fiscal ha admitido la resolución de la jueza y ha renunciado a formular cualquier tipo de recurso».

La jueza fijó su resolución en un acta, firmada por todos los acusados, ahora absueltos, que después se reflejará en una sentencia por escrito.

Por su parte, ‘Botja’ sólo se ha limitado a decir ante los medios de comunicación que todo lo que le ha sucedido en esta causa y en otras, «vendrá reflejado fielmente en las memorias que estoy escribiendo». «Cada cosa y cada persona se colocará en su sitio», ha señalado ‘Botja’.

Perera ha querido dejar claro que al exconseller no se le juzgaba por prevaricación sino por un delito contra la ordenación del territorio.

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Comentarios 11

  1. Observador says:
    10 años atrás

    Y encima dice que “vendrá reflejado fielmente en las memorias que estoy escribiendo”y que “Cada cosa y cada persona se colocará en su sitio”.
    Si muy bonito, pero deje claro que su propio abogado
    reconoció el delito «El letrado reconoció el delito urbanístico».

    Responder
    • nestor says:
      10 años atrás

      observador, cambia de nombre, por que lees mal, el abogado aclaró por que delito se le juzgaba, no admitió que delito era.

      Responder
      • Observador says:
        10 años atrás

        Noudiari ha rectificado su versión inicial, en la que sí se decía que el Abogado había reconocido el delito de su cliente.

        Responder
  2. indignat says:
    10 años atrás

    quina vergonya de justicia!!!!!!!!!!! això es patètic…

    Responder
  3. Luciana says:
    10 años atrás

    Fe de errores: Por error se publicó que durante el juicio de hoy la defensa de Joan Marí Tur había reconocido el delito urbanístico, cuando no ha sido así. El error ya ha sido corregido en el texto.

    Responder
  4. turismo porquería says:
    10 años atrás

    La justicia es igual para todos…los que pertenecen a la misma clase social. Para el pobre: garrote y trena, para el ricachón: palmadita en la espalda y pelillos a la mar.

    Responder
  5. Marina says:
    10 años atrás

    Pues 3 años me parecen poco, igual había que aumentar ese periodo.
    Y aunqeu haya prescrito, esa casa se ha tumbado o sigue en pie? Si no es legal no debería estar ahí y las costas debería pagarlas el que cometió el delito, haya prescrito o no.

    Responder
  6. Maria says:
    10 años atrás

    Ya lo dije esta mañana que pasaría. ¡estaba cantado!

    Responder
  7. nofre says:
    10 años atrás

    no hay que confundir la animadversión con la justicia, el delito no se ha substanciado puesto que en todo caso había prescrito, lo hubiese o no. Si por lo de cambiar de uso unos corrales se hubiese que ir a la cárcel mas de media isla lo estaría. (A veces es el método mas fácil para acceder a una vivienda para los hijos de mucha gente de aquí, no en el caso del de la noticia)

    Responder
  8. Sola says:
    10 años atrás

    Justicia? que justicia? Hay que vestir elegante para que te la apliquen bien y tarde. Una mañana en la puerta de los juzgados deja claro como se aplica en este pais cae con todo su peso sobre débiles y desamparados y desaparece ante el poder.Y luego vienen las justificaciones substanciadas: Si media isla se salta la ley y parece normal, terminemos con la ley y a otra cosa. Sin animadversión.

    Responder
  9. MTR says:
    10 años atrás

    La Ley está para aplicarla a todos igual, y las garantías jurídicas son también para todos, sin más consideraciones.
    Si algo ha fallado aquí (sucede lo mismo de forma demasiado usual) es haber tenido que llegar a juicio oral para que se decrete la prescripción, es decir se ha llevado adelante todo un proceso con sus implicaciones personales para los afectados, el coste económico para toda la sociedad, total para que resulte que todo estaba mal desde el principio y que muchos tengan una sensación de injusticia dado que los hechos en sustancia parecen ciertos.

    Responder

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