La patronal de Ibiza: «Las nuevas medidas sanitarias son el mal menor»

Pimeef, CAEB y ABRE, las tres principales organizaciones del sector empresarial en Ibiza, coinciden a la hora de valorar las medidas sanitarias anunciadas hoy mismo por el Govern y que a lo largo de la semana serán ratificadas (o no) por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). Creen que son «el mal menor». Así se refieren a la ampliación de situaciones en las que se deberá exigir el certificado covid a la hora de entrar en determinados establecimientos, según el nivel de alerta sanitaria de cada isla.

Verónica Juan, presidenta de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera-Pimeef Restauració, opina que las medidas anunciadas son lógicas, aunque lamenta la falta de tiempo que tienen los negocios de su sector para adaptarse a esta nueva realidad en caso de que la justicia dé el visto bueno: «Creemos que hay que planificar con más tiempo, se toman medidas desde los despachos con la mejor intención, pero muchas veces no son factibles porque son decididas por técnicos de Salud y son poco operativas a la hora de ser aplicadas en los establecimientos».

«Una carga de trabajo extra»

De este modo, afirma que desde Pimeef hubieran preferido «esperar a contar con las herramientas tecnológicas necesarias para que no sean los trabajadores los que tengan que estar pidiendo todo el rato los certificados y evitar, así, desplazar esta responsabilidad a cada empresa». Y es que aunque el Govern está trabajando en estos momentos para poner en marcha una web que sirva para leer los certificados covid de los clientes de ciertos establecimientos, por el momento se desconoce cuándo podrá estar operativa. Por lo tanto, serían los propios trabajadores los que, durante los primeros días, deban encargarse de comprobar los certificados covid, lo que supone «una carga de trabajo extra».

No obstante, Verónica Juan expresa que este nuevo escenario es «el mal menor»: «Desde Pimeef hemos reivindicado que tenemos que poder trabajar y que precisamente por ello no podíamos volver a las restricciones tan duras propias de otros momentos de la pandemia, con aforos limitados, cierre de interiores o incluso con el cierre completo de la actividad». «Eso es a lo que no queremos volver de ninguna de las maneras», insiste durante su conversación con Noudiari. Aunque la portavoz de Pimeef considera que estas decisiones del Govern son «engorrosas», también valora que «permiten seguir trabajando al sector de restauración».

Además, sobre si cree que la actividad económica de la hostelería se ralentizará o no, recuerda que dependerá del personal que haya en cada lugar: «Aunque muchos establecimientos abran todo el año, ahora en algunos casos se está trabajando con el personal mínimo». Es por ello que el principal inconveniente se dará en el momento de verificar los certificados de los usuarios: «Una persona de cada negocio se tendrá que encargar de verificar los certificados covid de los clientes mientras no llegue la solución tecnológica, que es lo que llevamos pidiendo desde hace días», insiste. «Los supervisores deberían ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e incluso los inspectores del Govern, deberían ser ellos los responsables de todo esto», subraya.

«No se debe criminalizar a la hostelería»

Por su parte, José Antonio Roselló, vicepresidente ibicenco de Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), coincide con Verónica Juan en que lo aprobado por la Mesa de Diálogo Social es una opción más favorable que la vuelta a restricciones «más duras» como la reducción del aforo o directamente el cierre de ciertos sectores. Asimismo, ve con buenos ojos que el Govern, en su escala de niveles de alerta sanitarios, haya contemplado también pedir el certificado covid en establecimientos ajenos a la hostelería: «No se debe criminalizar a este sector, no era justo lo que se planteaba en un primer momento de implantar el certificado covid solo en la restauración».

Por otro lado, Roselló también celebra que dicho documento no se vaya a exigir en los restaurantes y bares de copas con un aforo inferior a 50 personas en su interior: «En los locales pequeños controlar el tema del certificado es especialmente complicado, por el trasiego constante de gente». En general, dice, es complicado para todos, pero insiste en que las nuevas medidas son un escenario menos desfavorable que las restricciones más duras de otros momentos de la crisis sanitaria.

En cuanto al cumplimiento de las medidas, Roselló señala que aunque «no puede haber un policía en cada negocio», sí se deberán hacer muestreos para que no todo el peso recaiga sobre las empresas. Preguntado por si cree que lo acordado supondrá una reducción de la clientela en las empresas afectadas, reconoce que puede notarse levemente, pero que no hay por qué temer nefastas consecuencias: «El nivel de vacunación en España es muy alto, así que no se prevén grandes efectos en este sentido», indica.

«Tendremos que hacer de policías»

En tercer lugar, Joan Roig, vicepresidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Ibiza (ABRE), lamenta que aunque los anuncios de hoy «no afectan a los negocios pequeños, a los otros los pone en la tesitura de tener que hacer de policías con sus clientes». «Esto tendría que correr a cargo, en parte, de las administraciones, de inspectores o de cada persona a título individual», propone. «Habrá que ver cómo se articula todo, las cosas tienen que formularse bien para que funcionen debidamente», añade durante su entrevista con este medio digital.

En este sentido, Roig reconoce que con el nuevo escenario «todo se vuelve más complicado de gestionar» y que exigir el certificado covid «no deja de ser discriminatorio para los no vacunados». Aun así, matiza: «Pero, por otro lado, ¿cuál sería la alternativa? ¿Volver a restricciones más duras?».

Los tres portavoces de la patronal de Ibiza entrevistados recuerdan que estas medidas ya se vienen aplicando en otras comunidades autónomas y en muchos países europeos, pero reconocen que su puesta en marcha despierta algunas incógnitas que deberán afrontarse en los próximos días en caso de que el TSJIB permita que el Ejecutivo autonómico publique estas restricciones en el BOIB.