EFE / La portavoz de los desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova, Ana Loaiza, ha denunciado este martes en el Parlament el “maltrato institucional” que han sufrido y ha acusado al Ayuntamiento de Santa Eulària, al Govern balear y el Gobierno de España de “mirar hacia otro lado”.
Al hilo de la pregunta sobre el caso planteada a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por la diputada de Podemos, Cristina Gómez, Loaiza ha declarado en los pasillos de la cámara que el Ayuntamiento de Santa Eulària “presume de su competitividad turística y de ser uno de los municipios más grandes” de la isla mientras trata a personas con residencias precarias como “ciudadanos de segunda”.
“Se pone en duda la vulnerabilidad de las familias afectadas ignorando el sufrimiento que han soportado, detrás de una ola de calor, una DANA y ahora se enfrentan a una vuelta al cole que viola los derechos de los niños”, ha aseverado la portavoz, quien ha puesto el acento en la paradoja de que en «la isla del lujo de Europa las familias siguen esperando respuestas concretas después de un mes y medio de pérdidas, desamparo y sufrimiento”.
Loaiza ha explicado que tras el desalojo forzoso del pasado 31 de julio, la gran mayoría de las personas que vivían en la finca “siguen en la calle o en asentamientos ilegales”, mientras que en Can Rova “se pagaba un alquiler y había gente empadronada”. “Si antes eran vulnerables, ahora son personas maltratadas”, ha dicho.
La diputada Gómez ha preguntado en el pleno a la presidenta Prohens “cuánto le importan las familias de Can Rova de 1 a 10” y ha denunciado que el Ayuntamiento de Santa Eulària “hacía como mínimo dos años” que conocía el asentamiento.
La parlamentaria de Podemos ha acusado a las administraciones gobernadas por el PP, el consistorio, el Consell de Ibiza y el Govern, de “violencia institucional” porque “en su pasividad han tenido que enviar, a través de los juzgados, la fuerzas de seguridad” para desalojar a “mil personas, muchas familias con hijos e hijas menores de edad” de las que “todavía hay gente en la calle”.
En trámite el expediente sancionador al propietario que alquiló «de forma ilegal» las parcelas
En su respuesta, Prohens ha considerado que el desalojo “muestra con crudeza la peor cara de la situación del acceso a la vivienda” y también “la peor cara de los resultados de 8 años de políticas fracasadas”.
La presidenta ha defendido a los técnicos municipales e insulares “que han hecho su trabajo con total rigurosidad, dando respuesta a todas las familias vulnerables” y ha asegurado que se han habilitado «todos los recursos y medios para que todas las familias en situación de vulnerabilidad fueran atendidas”.
La presidenta ha avanzado también que el Govern balear ya tramita el expediente sancionador para el propietario que alquiló “de forma ilegal” las parcelas de la finca Can Rova, “aprovechándose de estas familias”.
Prohens ha dicho que se enfrenta “a una sanción millonaria con la que no le saldrá rentable haberse aprovechado de la vulnerabilidad de otros”. También ha acusado a Gómez de hacer “un uso partidista, demagógico y político de una situación que es dramática”.
