Las webs corporativas de los ayuntamientos baleares vuelven a suspender en transparencia mayoritariamente, según se desprende del análisis concluido por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en mayo de 2024. Sin embargo, hay que destacar que la isla de Ibiza sitúa tres de sus cinco municipios entre los únicos 12 de las islas aprobados por este análisis y que uno, además, encabeza con sobresaliente los datos de transparencia en su web.
Así Santa Eulària, con un 9,4 de nota encabeza la lista. Le siguen Sant Antoni con un 6,4 de nota e Ibiza se coloca con un cinco raspado en el 12º puesto.
Así, el Mapa Inforpaticipa revela que en 2024 sólo 12 de los 67 municipios de la comunidad obtienen un aprobado (el 18%, frente al 82% de suspensos), aunque en 2023 fueron 10.
Los ayuntamientos con aprobado en 2024 son, por este orden, Santa Eulària, Inca, Calvià, Ciutadella, Maó, Sant Antoni de Portmany, Felanitx, Sant Lluís, Marratxí, Palma, Es Castell e Ibiza.
Sólo dos municipios de Baleares consiguen excelente: Santa Eulària e Inca, y ambos obtienen Sello de reconocimiento.
La mayoría de municipios (45 de 67) obtiene notas muy bajas: el 67% igual o menor a 3,5, un porcentaje algo menor que el año pasado, que fueron el 73%. Sin embargo, crece de forma alarmante el grupo de municipios con nota inferior a 1.
En este bloque de suspensos se sitúan Sant Josep, con una nota de 3,1; Formentera, con un 2,3 y Sant Joan, con un 0.4.
El año pasado 2 municipios tenían una nota de décimas, frente a los 28 de esta oleada (42%). Por islas, en Mallorca suspenden el 90,5% de ayuntamientos; en Menorca el 50% y en Ibiza el 40%. Formentera sólo computa como un municipio, que suspende.
En diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia 19/2013 que obliga a las administraciones central, autonómica y local a publicar en sus páginas web toda la información de interés para el ciudadano. Casi nueve años después, el grado de cumplimiento de la ley en Baleares es muy bajo.
La UAB evalúa Baleares desde 2021. En 2021, 2022 y 2023 aprobaron 11, 8 y 10 municipios, respectivamente, lo que demuestra «el poco compromiso de los Ayuntamientos con la transparencia, puesto que no se observa un incremento ni mejora en las calificaciones», remarcan.
El modelo de la UAB no valora únicamente la presencia de información, sino que esta sea completa, inteligible, fácilmente localizable y actual.
Algunos datos, además, debe anonimizarse si afectan a particulares en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Hay un empeoramiento en general, que se debe fundamentalmente a la no actualización de la información.
Para lograr el Sello Infoparticipa los ayuntamientos deben cumplir entre el 75 y el 95% de indicadores, según el número de habitantes del municipio. La certificación es anual porque el cumplimiento de la transparencia debe ser continuo.
El modelo de análisis, diseñado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona (LPCCP, UAB), actualmente constituido como grupo de investigación ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia), integra 52 indicadores que valoran dos tipos de criterios de validación: que haya información actualizada referida de la gestión y que esté correctamente situada y fácilmente localizable.
La metodología tiene en cuenta dos grandes variables: Transparencia de la Corporación e Información para la Participación, según explica la investigadora responsable del proyecto, la doctora Marta Corcoy.
La UAB realizará un nuevo análisis a principios de 2025. Los municipios que incumplen la ley son claramente susceptibles de recibir sanción económica o de suspensión de cargo público. El artículo 5 de la norma obliga a la “publicación periódica y actualizada de información relevante relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública” y el artículo 30 fija sanciones para las infracciones, considerando grave el “incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa” (artículo 9).
