Redacción / EFE / La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha dejado en libertad provisional a los cinco detenidos que han pasado esta mañana a disposición judicial, entre ellos al alcalde en funciones de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero (PSOE).
Todos ellos están siendo investigados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho, según confirman desde el Tribunal Superior de Justicia Balear.
Hay que recordar que el alcalde y los detenidos han pasado hoy jueves a primera hora a disposición judicial tras permanecer dos noches en el calabozo tras los registros en despachos privados y en el ayuntamiento de Sant Josep el martes desde primera hora de la mañana.
Los otros arrestados son la letrada municipal y otros dos abogados externos, además de un constructor. Además, un aparejador de Alicante, responsable de la oficina técnica de la promoción residencial Vadella 64, construida en el municipio de Sant Josep y sobre la que se centraría al menos una parte de la investigación, fue arrestado en la localidad alicantina de San Vicente de Raspeig. También ha sido puesto en libertad provisional.
Además, en todos los casos se decreta la obligación de presentarse ante cualquier sede judicial el primer día de cada mes, según han confirmado los diferentes abogados a la salida de los juzgados.
En el caso de la letrada municipal, se suma la prohibición de abandonar el territorio nacional, según ha detallado su defensa, Ascensión Joaniquet.
La investigación, de la que ya se ha levantado el secreto de sumario, versaría sobre diferentes expedientes urbanísticos referidos a actuaciones llevadas a cabo en Cala Vedella, Cala Bassa y Es Cubells.
Asimismo, a todos los detenidos el pasado martes se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y cohecho. En el caso de funcionarios y cargos políticos se añade el de prevaricación.
El letrado del primer edil, José María Costa, ha asegurado que no ha tenido tiempo de ver el expediente de la causa por lo que no han podido detallar las actuaciones investigadas. “Me he centrado en conseguir la libertad del alcalde”, ha dicho.
El letrado del constructor, Ricard Mesquida, por su parte, ha detallado que su cliente se ha negado a declarar porque antes “se debe saber de qué se le acusa”.
Joaniquet, por su parte, ha añadido que tanto la abogada particular como la letrada municipal a las que representa «están muy tranquilas con su actuación».
Todas las partes han coincidido en señalar que el expediente es “voluminoso” al contar con “muchas” transcripciones de las escuchas telefónicas.
Según ha podido saber este medio, el alcalde ha salido por una puerta trasera mientras los abogados hablaban con los medios y no ha sido posible captar la imagen de su salida de los juzgados.
