@L.A./ Los Asentamientos en Medio Rural (AMR) de Sant Antoni no se verán afectados por el decreto urbanístico aprobado por el Govern balear, según ha confirmado el Consistorio.
El director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, explicó la semana pasada en Ibiza que la moratoria prevista en el Decreto Ley de medidas urgentes en materia urbanística, no afecta a aquellos ayuntamientos que tengan sus normas urbanísticas en tramitación, y que hayan superado la aprobación inicial, como es el caso de Sant Antoni.
«A aquellos ayuntamientos que hayan superado la aprobación inicial no les va a afectar en absoluto, pero aquellos que estén empezando a esbozar esa revisión de planeamiento, deberán acogerse a lo que diga el decreto», señaló Corral.
En concreto, desde el Ayuntamiento de Sant Antoni han confirmado que el decreto no afectará al municipio en cuestiones como los AMR, aunque sí en medidas como la prohibición de edificar en zonas con la calificación de Área Natural de Especial Interés (ANEI).
El PP quería edificar zonas de costa con esta figura
Con respecto a los Asentamientos de Medio Rural, cabe recordar que el planeamiento en tramitación, redactado en la anterior legislatura del Partido Popular, contiene hasta 18 asentamientos previstos, entre los que se permite el polémico desarrollo urbanístico de zonas de costa, como Cala Gració, Cala Gracioneta, Cap Negret y Punta Galera.
El nuevo equipo de gobierno de PSOE, PI-Eivissa y Reinicia tiene previsto eliminar los asentamientos previstos en la costa o limitarlos de manera «que se impida cualquier crecimiento».
Sin embargo, desde el Consistorio señalan que existen «algunos núcleos con evidente configuración urbana como Can Llaudis, Can Tomàs o Can Xicu Moson que probablemente se mantendrán». No obstante, Sant Antoni matiza que las normas siguen en tramitación, por lo que todavía no hay nada cerrado «y todos los grupos municipales siguen consensuando».
La figura de los Asentamientos de Medio Rural (AMR) fue introducida en la Ley balear del Suelo por el anterior Govern del PP para que aquellos núcleos dispersos de viviendas construidas de forma ilegal se convirtieran en suelo urbano y pudieran recibir servicios.
Sin embargo, esta figura no sólo consolidaba lo edificado, sino que también permitía que el núcleo creciera hasta el «doble» de lo construido y no computara en el planeamiento urbanístico, según señaló el conseller de Territori, Joan Boned, la semana pasada en la presentación del decreto.
Boned, que se mostró a favor de la regularizar estos asentamientos, aseguró que «las condiciones que establecía la normativa era inadmisibles».
Preguntado por esta cuestión y por la posibilidad de que Sant Antoni pueda seguir su tramitación con esta figura mientras está suspendida en otros municipios, el director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, señaló que «el ayuntamiento tiene que ser responsable de su propio territorio».
