Los funcionarios de justicia exigen al Ministerio soluciones a los problemas informáticos

@Noudiari/ El sindicato mayoritario de funcionarios del ámbito de la justicia, el CSIF, exige al Ministerio de Justicia que tome medidas y busque soluciones a los continuos problemas informáticos a los que se enfrentan diariamente los trabajadores. Los funcionarios están «hartos de la propaganda triunfalista que no se  corresponde con la realidad de su trabajo diario. Gracias a su esfuerzo,  compromiso y responsabilidad, la Justicia sigue funcionando a pesar del caos informático. Un esfuerzo que en ningún momento se ha visto reconocido por el  Ministerio», según han explicado desde el sindicato en un comunicado.

El próximo día 26 de enero se celebrará una nueva reunión de la Comisión de seguimiento de  nuevas tecnologías, a la que CSIF «asistirá por respeto al personal de la Administración de Justicia al que representamos y porque entendemos que es nuestra responsabilidad y obligación trasladar todas las quejas, necesidades y sugerencias que recibimos, a diario, de nuestros compañeros».

En este momento, como explican los representantes sindicales, esta Comisión «es el único foro donde, al menos, el Ministerio escucha un discurso distinto del triunfalismo que nos venden sus responsables.  De un tiempo a esta parte el Ministerio ha ido arrinconando esta comisión de seguimiento,  devaluando su importancia y en definitiva, pasando olímpicamente de la realidad que padecen  los funcionarios a diario con la única finalidad de que no haya voces discordantes del discurso  oficial del todo va bien».

Para CSIF «no es suficiente con convocar reuniones, hay que poner soluciones permanentes de forma inmediata en vez de estar poniendo parches y desarrollando unas herramientas informáticas obsoletas, que sólo traen problemas y despilfarro de medios. A ver si se enteran de una vez LexNET y Minerva NO SIRVEN».

La ‘justicia digital’ no funciona

Para CSIF «deberían estar ya en marcha las pruebas de un nuevo programa del Ministerio que  sea ‘interoperable’. No se puede trasladar a la opinión pública, como viene haciendo el Ministerio, que se sigue  avanzando en las comunicaciones electrónicas y en el despliegue de la Justicia Digital, tanto en  el ámbito del Ministerio como en la Comunidades Autónomas con competencias transferidas, cuando la realidad es que la introducción de estas nuevas tecnologías ha supuesto una  ralentización de los mismos, por la falta de integración entre las diferentes aplicaciones  informáticas».

Dejando a un lado «la exasperante lentitud de los programas», dicen los trabajadores, en las ciudades que se ha  implantado el expediente electrónico, «ni un solo día han funcionado correctamente todas las aplicaciones a la vez; cuando no falla una, falla la otra, bien sea Minerva, Lexnet, la firma digital,  el visor, etc. Los funcionarios están redoblando sus esfuerzos para que esto funcione, pero así no se puede trabajar», han sentenciado.

Los trabajadores de justicia sostienen que «la experiencia demuestra que cada vez que se  introduce una versión nueva, estropea alguna anterior, además de no comunicar a los  funcionarios los nuevos cambios que se introducen». Critican también la falta de medios porque «los funcionarios están hartos de comunicar  incidencias que tarde y mal o, directamente, no encuentran solución. Si de verdad es importante  que se comuniquen las incidencias el Ministerio debería prestarles atención. De otro modo, pensaremos que no interesa que haya incidencias para así presumir de cifras en la revista y en  las ruedas de prensa».

Formación insuficiente y falta de planificación

Según el CSIF, el Ministerio «presume de la formación, que además de ser insuficiente, han recortado, reduciendo los  efectivos de formadores en el puesto de trabajo que ayudaban a los funcionarios in situ, en sus  dudas y problemas con las aplicaciones informáticas».

Además, explican que a partir del 1 de enero entra en vigor la obligación de utilizar medios electrónicos en la relación con la Administración de Justicia también para las personas jurídicas, la Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad jurídica, los centros hospitalarios y las entidades sin personalidad jurídica y las administraciones públicas, todo ello «sin solucionar los problemas anteriores, lo que va a terminar  de precipitar el desastre como lo fue la imposición del mal llamado ‘papel cero’ a principios de  2016».

Los representantes de los trabajadores concluyen que «ésta es la realidad de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y del llamado ‘papel cero’. Ésta es la realidad a la que se enfrentan día tras día los funcionarios, redoblando  sus esfuerzos para poder prestar un servicio de calidad a los ciudadanos».