@Vicent Torres / Los inquilinos del chalé patera de Sant Antoni, situado frente al número 2 de la calle General Gotarrredona, siguen sin luz y han acusado a Sant Antoni de «pisotear» sus derechos. El Ayuntamiento les dejó sin electricidad el jueves a las 11 horas y, desde entonces, utilizan un generador que compró el propietario del inmueble, Agustín Sales.
«Seguimos sin electricidad a pesar de que salió publicado en los medios de comunicación que el Ayuntamiento de Sant Antoni había dado orden de restablecerla. ¿Tanto se tarda en hacer efectiva? ¿No tiene 15 minutos la compañía eléctrica para venir a ponerla? Somos trabajadores, venimos a trabajar duro y a dar un servicio a esta isla. ¿Cómo creen que nos sentimos cuando el Ayuntamiento pisotea nuestros derechos constitucionales? Queremos vivir en esta casa, es nuestro derecho», asegura un texto firmado por 36 huéspedes.
A pesar de no poder ejecutar el precinto del edificio el pasado 30 de abril, el Consistorio portmanyí cortó los suministros a la vivienda. Según confirmó una portavoz, la institución había solicitado el corte del suministro a partir del día 30 “en previsión de que se llevara a cabo el precinto”. Como finalmente no se pudo realizar, “en consideración de que en esta vivienda reside un número indeterminado de personas distintas del titular, y para salvaguardar sus derechos, se ha enviado un nuevo decreto solicitando que se deje sin efecto la instrucción anterior”. Endesa restablecerá la luz “a la mayor brevedad posible”.
Desde el departamento de comunicación de Endesa Balears han asegurado que no pueden ofrecer información de un contrato particular en base a la Ley de Protección de Datos, aunque sí han afirmado que llevan a cabo la conexión «en el momento que lo solicita la administración». Fuentes no oficiales han asegurado que Sant Antoni en ningún momento ha pedido que se devuelva el suministro al chalé patera, una decisión que, según las mismas fuentes, se utiliza como medida de presión al propietario.
Auxilio judicial y multas coercitivas
Sant Antoni ha pedido “auxilio judicial” para poder precintar el chalé patera después de que el propietario impidiera hoy el precinto de la vivienda sin una orden judicial.
Además de la vía judicial, la administración municipal iniciará a partir de ahora la imposición de multas coercitivas. Por una parte, superado el plazo para presentar proyecto de demolición, el Consistorio impondrá multas por valor del 10% de la obra, es decir, unos 106.000 euros mensuales.
Por otro, también se le multará por no paralizar los usos. En este caso, estas sanciones también ascienden al 10% del valor de la obra con una periodicidad mínima de diez días. Esto supondría que Sales debería enfrentarse a multas mensuales por valor superior a los 212.000 euros, en función de la periodicidad con que se impongan las segundas. En el caso de las primeras sanciones se pueden prolongar durante un año. Después, ya sería el Ayuntamiento quien, subsidiariamente, podría demoler el inmueble.
