Foto: D. V.
@Noudiari / El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ha emitido una sentencia confirmando íntegramente la decisión anterior de un juzgado de primera instancia avalando las actuaciones del Ayuntamiento de Sant Josep contra la empresa Inversiones Hoteleras Faro por unas obras ilegales. Esta sentencia confirma la orden de demolición de varias construcciones al establecimiento denominado Casa Lola.
Los hechos que han motivado esta sentencia se iniciaron en julio de 2012, cuando el celador de obras descubrió que se estaban ejecutando unos trabajos en la finca sin la debida licencia. En diciembre del mismo año, el Consistorio ordenó paralizar las obras y, a continuación, las precintó.
No obstante, la propiedad no sólo ignoró la orden, si no que levantó los precintos sin autorización y continuó trabajando. Entonces, Sant Josep presentó una denuncia contra la propiedad al juzgado y le requirió que, en el plazo de dos meses, presentara la documentación adecuada para obtener licencia municipal de obras.
Las obras ilegales consisten en ocho volúmenes de planta baja con una superficie total cerrada de 933 metros cuadrados; terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342 m2; terrazas descubiertas con una superficie total de 414 m2; dos piscinas con superficie de espejo de agua 84 m2 y 68 m2, respectivamente; una cisterna en construcción de 36 m2 y la construcción de varios muros de cierre de la parcela y divisiones interiores, mediante prefabricado de hormigón y piedra natural.
Recursos de la propiedad
En diciembre de 2014, la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de ordenar la restauración de la legalidad urbanística infringida, ante la imposibilidad que las nuevas construcciones pudieran obtener la preceptiva licencia. Posteriormente, la propiedad presentó recurso ante el Juzgado Contencioso Administración número 3 de Palma, que desestimó sus alegaciones.
Inversiones Hoteleras Faro apeló al TSJB, que también ha rechazado los argumentos presentados por la propiedad y ha avalado completamente la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep. El tribunal también condenado a la empresa a abonar las costas procesales.
El Ayuntamiento ordenará el cumplimiento de la sentencia cuando sea firme.
