@Noudiari/ La Comisión de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ha declarado la caducidad del expediente de la línea de alta tensión de Es Fornàs, promovida por Red Eléctrica.
Según la resolución, la Comisión entiende caduco el expediente ya que «no consta en el expediente que haya tenido entrada la solicitud de inicio de acuerdo on los artículos 24 y 25 de la ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares», según reza el acuerdo.
En el documento emitido por la Comisión de Medio Ambiente se relatan todos los pasos que se han realizado hasta el momento. Así, en marzo de 2015, la Comisión de Medio Ambiente tramitó un oficio al promotor- a Red Eléctrica- requirieron la presentación de la solicitud de inicio de acuerdo sobre evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas. En este momento se abrió un trámite de audiencia de diez días hábiles.
En marzo del mismo año, el promotor informó que se se remitiría la información a finales del mes de abril, por lo que reclamaban que no se declarara la caducidad del expediente.
En abril de este año se abre un periodo de audiencia de diez días para realizar las actuaciones necesarias y reiniciar la tramitación. En ese momento ya se advertía a Red Eléctrica que en caso contrario se archivaría el expediente. A finales de mayo de este año, se registra un escrito de Red Eléctrica que aporta los proyectos y estudio de impacto ambiental, pero no las evaluaciones ambientales requeridas.
Desde la Comisión de Medio Ambiente recalcan que transcurridos seis meses, «desde la notificación del resultado de las consultas previas al promotor sin que se haya presentado al órgano ambiental la solicitud, este órgano puede declarar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuciones».
Ante dicha decisión, el promotor, en este caso Red Eléctrica, puede interponer un recurso de resposición ante el Pleno de la Comisión de Medio Ambiente en un plazo de un mes o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears en el plazo de dos meses.
