(EFE).- Ningún gobierno autonómico seguirá por el momento a Baleares en su voluntad de limitar la compra de viviendas a los no residentes para paliar la carestía e incluso la cada vez mayor falta de alojamiento en las islas, aunque hay otros territorios con problemas similares, como la Comunidad Valenciana, que considera que son medidas que «no hay que despreciar».
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana revelan que en Baleares los no residentes -más del 97 % extranjeros y solo un 2,4 % españoles- compraron en el segundo trimestre de este año el 27,91 % de las viviendas que se vendieron.
En Canarias esa proporción fue del 23,38 % y en la Comunidad Valenciana del 21,04 %, aunque varias provincias superaron estas cifras, con Alicante a la cabeza de todas ellas (36,49 %), seguida de Málaga (29,88 %) y Santa Cruz de Tenerife (25,95 %), por delante de otras como Las Palmas (20,74 %), Girona (20,54 %) y Murcia (14,36 %).
En cambio, provincias como Madrid y Barcelona, con las cifras más altas de compraventas del país, tienen tasas mucho más bajas: el 0,81 y el 1,66 %, respectivamente.
En Baleares se entiende que el «enorme» porcentaje de compra de viviendas por personas foráneas es «uno de los principales factores de las enormes dificultades existentes» en las islas para acceder a un alojamiento, y por eso el Parlament aprobó a finales de octubre instar al Govern a limitar la compra por parte de no residentes o de personas con menos de cinco años de residencia en Baleares.
Ahora, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, que sostiene que «Baleares no puede ser un parque temático donde no quepa la gente de nuestras islas», plantea un «debate profundo» sobre cómo llevar a la práctica esa voluntad del legislativo.
INTERVENIR O NO EN EL MERCADO
Como han señalado a las delegaciones de EFE en España los distintos gobiernos autonómicos, las comunidades gobernadas por el PP rechazan medidas «intervencionistas» como esta y apuestan por otras «liberalizadoras» que estimulen la oferta y la demanda, independientemente de quien pueda ser el comprador, mientras las gobernadas por la izquierda buscan en general otras medidas que faciliten el acceso al mercado.
Entre estas, la Generalitat Valenciana no se plantea establecer limitaciones como las que proyecta Baleares, aunque subraya que en países como Dinamarca o Finlandia funcionan para las compras de no residentes y cree que son medidas que «no hay que despreciar».
El Gobierno valenciano sí ha intervenido en el mercado inmobiliario para garantizar precios asequibles para acceder a inmuebles y esta legislatura ha puesto en marcha el procedimiento de tanteo y retracto para que la Administración regional, y también la municipal, pueda comprar viviendas destinadas a las necesidades sociales -ha adquirido hasta el momento algo más de 1.000-.
En Canarias tampoco existe ni está en la agenda del Gobierno insular ninguna normativa como la que plantea Baleares, pero el vicepresidente de la comunidad, Román Rodríguez (Nueva Canarias), acaba de defender en el Parlamento que las islas deben abrir una reflexión sobre su crecimiento demográfico, uno de los mayores de España, asentado sobre todo en la llegada de ciudadanos europeos, y la capacidad de carga de su territorio.
En lo que va de siglo, Canarias ha crecido en 530.000 habitantes, para llegar a 2,20 millones de residentes -mientras el País Vasco, que tiene un censo similar, lo ha hecho en 90.000-, algo parecido a Baleares, que ha subido casi un 45 % en 20 años.
A LA BÚSQUEDA DE OTRAS SOLUCIONES
Al contrario que la islas y otras zonas costeras, en La Rioja su Gobierno impulsa procesos de llegada de población, principalmente al entorno rural y, para ello, desarrolla una política de vivienda pública para favorecer el acceso a la vivienda en estas áreas y refuerza el programa Habita Rioja de acceso al alquiler asequible con rentas mensuales un 55 % inferiores a las del mercado.
Fuentes del Gobierno de Aragón han dicho a EFE que no tendría sentido una medida de ese tipo para una realidad totalmente diferente, si bien la futura Ley autonómica de Vivienda busca paliar su problema de escasez de viviendas en ciudades y medio rural activando la construcción de VPO en solares vacíos y obligando a poner a disposición de la Comunidad las casas desocupadas de grandes propietarios.
Tampoco tienen ese problema en Navarra, donde la Ley Foral de Vivienda persigue estimular la salida de la vivienda vacía al mercado de alquiler y controlar los precios de alquiler en las zonas más tensionadas a través de diferentes mecanismos normativos, entre ellos la expropiación de uso en determinadas circunstancias.
En Euskadi, el Gobierno Vasco no se plantea limitar la compra de viviendas a no residentes -incluso hay dudas sobre el anclaje legal de la medida-, aunque cuenta con varias iniciativas para «intervenir tanto la oferta como la demanda» del mercado inmobiliario como la construcción de VPO y ve con buenos ojos adoptar medidas fiscales.
Desde las comunidades gobernadas por el PP, Andalucía prefiere en cambio promover la construcción de nuevas viviendas a precio asequible; Madrid poner en venta suelo público, flexibilizar la normativa o poner en marcha planes de arrendamiento asequible o Murcia avalar a jóvenes para comprar su primera vivienda.
Castilla y León y Galicia tampoco se han planteado ninguna medida como la de Baleares, lo mismo que Cataluña, Asturias y Cantabria, o la ciudad autónoma de Ceuta.
