Cansado de mudanzas, precios inasumibles y una precariedad habitacional que impide a muchas familias vivir con estabilidad en la isla, un padre de familia numerosa de Ibiza ha decidido pasar a la acción. Tras años sufriendo las consecuencias directas de la escasez de vivienda en alquiler anual, este vecino del municipio de Sant Josep de sa Talaia ha comenzado a identificar y denunciar alojamientos turísticos ilegales que operan al margen de la ley en zonas como Cala Tarida, Cala Vedella y Cala Molí.
Este residente, afectado directamente por la imposibilidad de encontrar una vivienda a precio razonable, ha recopilado pruebas y evidencias sobre decenas de apartamentos destinados al alquiler vacacional no regulado. Su objetivo: visibilizar la dimensión real del problema y ayudar a las autoridades locales a tomar medidas.
Según ha podido documentar, la mayoría de estos inmuebles pertenecen a ciudadanos extranjeros, principalmente franceses, aunque también ha detectado propietarios belgas, suizos e italianos. Estos alojamientos no aparecen en las principales plataformas turísticas, sino que se comercializan en pequeñas agencias extranjeras, lo que dificulta su localización por parte de las autoridades ibicencas.
Ha comenzado a presentar sus informes ante el Consell de Ibiza a través del registro de entrada, tal como le indicaron en la propia institución. Hasta el momento ha entregado 12 expedientes completos, que incluyen la ubicación exacta de los apartamentos, fotografías, precios diarios y semanales por los que se comercializan, número de turistas alojados y la nacionalidad de muchos de ellos, con los que incluso ha llegado a hablar directamente, según ha explicado a NouDiari.
Asegura tener información de cerca de un centenar de viviendas turísticas ilegales y afirma que seguirá entregando formularios con toda la información recabada de forma sistemática. Algunas de las pruebas aportadas constan de imágenes de buzones con códigos de acceso para la recogida de llaves, una práctica habitual en este tipo de alquileres.
“No quiero sanciones, solo poder vivir en mi isla”
Lejos de querer que se multe a los propietarios, su único objetivo es que estos pisos vuelvan al mercado de alquiler residencial. Según relata, la mayoría de estos alojamientos, de entre una y tres habitaciones, quedan vacíos durante 7 u 8 meses al año, hasta que vuelve la temporada turística y durante el verano son utilizados por turistas que pagan entre 100 y 200 euros por día a los propietarios, que, además, no declaran estos ingresos.
Este padre de familia, que trabaja junto a su pareja y tiene tres hijos, denuncia que su situación no es un caso aislado, sino el reflejo de una realidad que afecta cada vez a más familias residentes en Ibiza. Espera que su iniciativa sirva de ejemplo y anime a otros vecinos de la isla a denunciar también estos casos, con la esperanza de que la vivienda vuelva a ser un derecho y no un privilegio.
“Llevamos años de mudanzas… luego ves cómo esos pisos se destinan en verano al alquiler turístico ilegal y nos hemos cansado… hemos decidido dar el paso y denunciar…” ha declarado el residente, que prefiere mantener el anonimato pero firma todas las denuncias con nombre y apellidos.
Multas millonarias y riesgo patrimonial
El Consell de Ibiza, a través de su Departamento de Lucha contra el Intrusismo, aplica sanciones que van desde los 5.000 a los 500.000 € dependiendo de la gravedad de la infracción:
- Infracciones leves: hasta 5.000 €
- Infracciones graves: entre 5.001 € y 50.000 €
- Infracciones muy graves (sin licencia): entre 50.001 € y 500.000 €
Además, el cambio de uso urbanístico no autorizado puede implicar una sanción adicional del 75 % del valor de mercado del inmueble, junto con la obligación de devolverlo a uso residencial.
Control, colaboración y denuncia ciudadana
El Consell ha reforzado su capacidad de inspección, incorporando personal específico y activando el Plan de Choque contra el Intrusismo financiado por el impuesto de turismo sostenible. Además, mantiene acuerdos con plataformas como Airbnb para exigir que todo anuncio incluya el número de registro turístico; los anuncios ilegales son bloqueados o eliminados, aunque en algunos casos vuelven a aparecer al cabo de pocos días.
A través de la aplicación ciudadana Línea Verde, los residentes pueden notificar de forma directa posibles casos de alquiler turístico ilegal. Estas denuncias son trasladadas automáticamente a los departamentos de Turismo, Urbanismo y Policía Local, lo que ha contribuido significativamente a mejorar la capacidad de detección e imposición de sanciones por parte de las autoridades.
Muy buena iniciativa.
Enhorabuena a este vecino por su iniciativa. Y vergüenza le tendría que dar al Consell que ciudadanos estén haciendo el trabajo de sus funcionarios. Mucha vergüenza.
Y otro apunte, queda patente el pasotismo con el que operan estos chalets de franceses, holandeses, etc. Se nota que hacen lo que quieren.