NouDiari / La Guardia Civil denunció ayer domingo a ocho ciudadanos extranjeros que celebraban una fiesta ilegal en una vivienda de Santa Gertrudis.
Los agentes recibieron el aviso de la celebración de una fiesta en la madrugada del sábado al domingo y al lugar acudieron dotaciones de la Policía Local de Santa Eulària y de la Guardia Civil.
Los participantes fueron invitados a abandonar la celebración pero se negaron reiteradamente, indica la Guardia Civil.
Finalmente, ya pasado el mediodía de ayer domingo, los asistentes fueron finalmente identificados y también se tomaron los datos del propietario de la vivienda, que resultó ser un varón originario de Países Bajos.
Todos los asistentes al encuentro han sido denunciados y se enfrentan «a sanciones de multa que superarían los 60.000 euros por cada hecho denunciado, considerando su especial gravedad en un territorio, la isla de Ibiza, sobre el que se ha dictaminado el nivel 4 de alerta sanitaria», advierte la Guardia Civil.
Las propuestas de sanción serán tramitadas por la Conselleria de Interior del Govern balear.
Pero no solo eso: la Policía Nacional estudia en estos momentos la posibilidad de expulsar del territorio nacional de los presuntos infractores, ya que todos ellos «mantuvieron de manera persistente una conducta contraria al orden público», remarcan.
La posibilidad de la expulsión está prevista en la normativa en vigor en materia de extranjería y afectaría tanto a extranjeros nacionales de Estados miembros como de terceros países, indica la oficina periférica de la Guardia Civil de Baleares.
La Guardia Civil remitirá a la Delegación del Gobierno sendas denuncias formuladas contra los asistentes a la fiesta como presuntos autores de infracciones graves previstas en la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.
Una de las personas asistentes arrojó, además, resultado positivo en drogas y ha sido denunciada por la Agrupación de Tráfico.
La Guardia Civil reitera el llamamiento a la responsabilidad y recuerda que «ninguna de las acciones o conductas que supongan un riesgo para el interés general, en este caso para la salud pública, quedarán impunes».
