Costa: “El objetivo del PP es intimidar a quien levanta la voz contra las prácticas corruptas”

@Noudiari-Ara Balears/ La diputada ibicenca Pilar Costa, portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament balear, ha asegurado que el Partido Popular no la va “amedrentar” ni la “intimidará” para que no continúe haciendo su labor de “control del Gobierno del PP y de sus gravísimos casos de corrupción”.

«Quizás el objetivo del PP es intimidar a quien levanta la voz contra las prácticas corruptas, pero conseguirá lo contrario», ha asegurado Costa.

La diputada se ha referido así a la querella en su contra que ha presentado el actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, que le acusa de perjudicar su honor al haberle llamado «el ‘capo’ de Palma» en el pleno del Parlament del 17 de febrero.

Costa, que no ha mostrado intención de rectificar la afirmación, ha apuntado que en el diario de sesiones del Parlament queda muy claro el sentido de la palabra ‘capo’ como la persona más poderosa del PP de Palma. «No hablaba de él como ninguno por un lado de narcotraficantes, no era mi intención. El señor Rodríguez puede estar tranquilo», ha sentenciado.

La diputada también ha advertido que ni a ella ni a su grupo les «taparán la boca» y ha apelado a la «libertad de expresión» para justificar sus frases.

Para Costa, la denuncia de Rodríguez es una «muestra de nerviosismo y una actuación a la desesperada del PP» por los casos de corrupción que le afectan.

Investigado por Castro
José María Rodríguez se encuentra en el centro de la nueva pieza activada por el juez José Castro a raíz de las revelaciones de la exconcejal de Palma Rodrigo de Santos y la extesorero del PP estatal Luis Bárcenas, que afirman que el empresario Antonio Pinal ha contribuido en sufragar el coste de la sede del PP de las Islas.

Este mismo miércoles la Guardia Civil ha entregado a José Castro documentación sobre los contratos públicos firmados por Rodríguez con la empresa de Antonio Pinal, supuesto beneficiario del PP balear, y ya imputado en la nueva causa que investiga el juez.

Estos contratos son de la Sociedad Municipal de Aparcamientos Municipales (SMAP) y están datados al 2002 y al 2003, cuando José María Rodríguez era el teniente de alcalde de Palma y presidente del PP balear.