@R. N./ Un bufete de abogados de Ibiza, en representación de un inversor privado, ha interpuesto una querella por estafa en su modalidad agravada contra Cathy Guetta y su socio, Radouane Mahrouk, por el «engaño ocasionado» a su representado «para que le entregasen 2.000.000 euros, bajo la falsa creencia de encontrarse invirtiendo en un negocio de restauración único y exclusivo en la isla de Ibiza, con base en unas características y condiciones que a la larga se revelaron inexistentes». Además, ni siquiera contaba con las preceptivas licencias ni autorizaciones administrativas, «lo que deliberadamente se ocultó a los querellantes», han explicado en un comunicado. La demanda la ha presentado el letrado Jose Miguel Soriano Lucena, en representación de Andersen Tax & Legal.
«Para consumar su plan y alcanzar sus objetivos, los querellados utilizaron el perfil público de la señora Guetta por haber estado casada con famoso discjockey, así como por dedicarse a la promoción de negocios de ocio, para inducirle a invertir, sin ningún tipo de empacho y plenamente conscientes de lo que hacían, en un beach club y restaurante en una de las mejores y más exclusivas zonas de Ibiza», aseveran desde el despacho.
Los presentantes legales de Olivier Plan, quien entregó el dinero para la inversión a través de la sociedad Serfinances SA, señalan que, con el fin de captar el interés de estos inversores, confeccionaron un plan de negocio que contenía unas proyecciones económicas muy ambiciosas, «incluyendo partidas de actividades que posteriormente se revelaron de imposible cumplimiento legal, circunstancia conocida de antemano por los querellados y ocultada a los querellantes».
Aseguran en su querella que dotaron falsamente al local y a sus instalaciones de una serie de características y actividades que sabían que eran imposibles de alcanzar, pues conocían sobradamente que lo impedía la situación urbanística y administrativa del local. «Situación que era imposible de legalizar, según habían sido informados por el propio Ayuntamiento de Ibiza con anterioridad a la inversión de nuestros representados, y que se cuidaron de ocultar a los querellantes», insisten.
Sin licencias y autorizaciones
Les ocultaron a estos inversores, según recoge la querella, que el beach club Bikini carecía de las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas y que esto era «irremediable»; que sobre el local pesaban varias sanciones administrativas, que el Ayuntamiento de Ibiza había adoptado una medida cautelar de paralización de parte de la actividad y de precinto y sobre todo que conocían que el Ayuntamiento y las autoridades en ningún caso iban a dar una solución a este problema.
En definitiva, el proyecto de ocio y restauración, tal cual fue ofrecido y vendido «era inviable desde el principio, y de hecho, el Ayuntamiento de Ibiza impuso al menos una sanción por invadir el Dominio Público Marítimo Terrestre por carecer de la preceptiva licencia administrativa. Todo ello se ocultó deliberadamente a los querellantes, evidentemente para que hicieran el desembolso de los 2.000.000 euros», aseguran desde Alcaide Abogados.
Según sus abogados, el querellante Olivier Plan descubrió el engaño del que fue víctima tarde, después de haber entregado la cantidad de 2 millones de euros a los querellados.
Tras saberse víctima de este fraude ha tratado amistosamente de que los querellados le devuelvan las cantidades que les entregó sin haber conseguido resultado alguno, «lo cual le ha conducido a sufrir un gravísimo perjuicio patrimonial e inicial de 2.000.000 euros, no descartándose la ampliación de esta querella si de la instrucción resulta que el daño ocasionado fuese superior o ampliarla a terceros».
Según noticia aparecida en los medios, varios meses atrás, en ibiza no existe catalogado ningún local como «beach club». Por lo tanto solicito que no se redacten noticias, ni se publiciten locales bajo esa catalogación. Si tienen licencia de restaurante, son restaurantes no «beach club».
Los medios de comunicación no deben fomentar una publicidad engañosa