Sa Unió (la coalición de PP y Compromís amb Formentera en el gobierno del Consell) pide al PSOE local «que trabaje por el interés de la isla y reme junto al resto de partidos y de la Plataforma de afectados por el deslinde de costas para que no solo se consiga revertir los efectos perjudiciales de la Ley de Costas del 1988 en la propiedad de centenares de formenterenses, sino que futuros cambios normativos como ahora pretende el gobierno central no agraven el problema».
Así lo expresan en un comunicado en el que añaden que la consulta pública iniciada por el Ministerio el pasado 1 de marzo, Dia de les Illes Balears, demuestra, a su juicio, «la poca voluntad del gobierno central de escuchar a las partes afectadas de nuestras islas, aunque esperamos que el conjunto de la sociedad se muestre unida ante esta nueva afrenta.
Hay que recordar que ahora el Ministerio vuelve a tramitar una modificación del Reglamento General de Costas, después de que el pasado 31 de enero el Tribunal Supremo anulara la última modificación de 2022, atendiendo a un recurso contencioso-administrativo presentado por la Plataforma de Afectados por el deslinde de costas de Formentera, por un defecto de forma. Ahora el Estado reinicia el trámite de modificación del Reglamento abriendo un período de consulta previa desde el día 1 al 22 de marzo.
«Nada bueno se puede esperar del gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, pero como coalición que gobierna el Consell Insular nos tendrá enfrente para paralizar desde la vía administrativa o judicial cualquier pretensión de aprobar normas que lesionen los derechos de los afectados por el anterior deslinde de Costas o que pretendan aumentar la zona de dominio público en detrimento de los derechos de los formenterenses», advierten desde Sa Unió.
La coalición defiende «lo que siempre ha defendido», insisten: «que los propietarios afectados por el deslinde recuperen sus propiedades sin que se conviertan en concesiones sometidas a los criterios del Estado, que se siga aumentando la protección de nuestra costa y que las sucesivas normativas no atenten contra la propiedad privada», concluyen.
