El ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.
La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, según ha comunicado el ministerio este lunes.
Además, implica dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Las infracciones de la normativa de consumo, identificadas en 65.122 anuncios en Airbnb, son, además de anunciar alojamientos sin licencia, publicar anuncios que indican un número de registro que no se corresponde con los que se utilizan en dichos anuncios turísticos.
A estas, catalogadas como infracciones graves, se les impone una sanción de 64,05 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del ministerio hasta su retirada por la plataforma.
Asimismo, se sanciona a Airbnb por incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico publicitado.
También se multa a la plataforma por obstrucción o negativa a suministrar datos tras negarse Airbnb a responder a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente, así como por incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante medidas provisionales durante la tramitación del expediente.
Tras conocer la noticia, la asociación de consumidores Facua ha celebrado la sanción y ha destacado que se trata de la segunda mayor multa de la historia, solo superada por los 108 millones con los que sancionó a la aerolínea Ryanair por cobrar recargo por el equipaje de mano.
En un comunicado, Facua señala que las autoridades autonómicas de protección al consumidor «deberían tomar nota y empezar a actuar de una vez con contundencia ante fraudes inmobiliarios como estos».
EFE
