Sant Antoni se declara municipio antitaurino

@C. Vidal / El pleno del mes de enero del ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado este jueves, con la abstención del grupo municipal del PP, la declaración de municipio amigo de los animales y antitaurino, por lo que se posiciona en contra de la tauromaquia en las Illes Baleares y de cualquier tipo de violencia ejercida hacia los animales.

El consistorio, de esta forma, instará al Parlament a modificar la Ley de protección animal de la CAIB de 8 de abril para prohibir en la comunidad balear las corridas de toros y otros espectáculos en los cuales se produzca la muerte o se infrinja daño a los animales en cualquier de sus formas. Además, pedirá al Gobierno del Estado que suprima las ayudas públicas al sector de la tauromaquia así como eliminar la declaración de Bien de Interés Turístico en aquellos festejos donde se maltraten animales.

La medida, aprobada por mayoría en el pleno, tuvo varias reacciones. Mientras que la Associació Animalista de les Illes Balears (ASSAIB) mostró su reconocimiento al ayuntamiento de Sant Antoni por la declaración de municipio antitaurino dentro de la campaña Eivissa sense sang, uno de los presentes en la sala, Ángel Yern, tomó la palabra una vez finalizada la sesión arropado por un capote taurino para mostrar su rechazo a esta medida.

«Quiero preguntar a este consistorio si piensa que declarar al municipio como antitaurino es bueno para el turismo», cuestionó el espectador, ante lo cual, el alcalde, Pep Tur ‘Cires’, replicó que «la antigua plaza de toros cerró porque este tipo de espectáculos no tenía muchos seguidores y no creo que nos aporte nada desde el punto de vista turístico».

Decreto Ley Urbanístico
Mucho más discutido fue el asunto sobre el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia Urbanística 1/2016. El PP presentó una propuesta de acuerdo para instar al Parlament a que tramite el Decreto Ley Urbanístico como Proyecto de Ley, con el fin de «poder debatir y consensuar al máximo una normativa que permita una mayor seguridad jurídica y permanencia en el tiempo».

La norma, según el grupo municipal popular, afecta a la Ley Agraria, la Ley de Turismo, la Ley del Suelo, las Directrices de Ordenación del Territorio y la Ley del Suelo Rústico -el decreto omnibús que denunciaba el presidente insular del PP José Vicente Marí Bosó- «sin haberlas consensuado con ningún colectivo social ni profesional y sin contar con el principal partido político del archipiélago».

La propuesta fue aprobada con el voto a favor del PP y el Pi, el rechazo del PSOE y la abstención de Reinicia Sant Antoni. «Nos llama la atención que ahora busquen el consenso cuando han estado toda una legislatura gobernando a base de decretos», señaló Aída Alcaraz, concejala de Governació, Interior i Protecció Civil. Igual de sorprendido se mostró Pablo Valdés «por el cambio de talante del PP, que sólo habla de consenso cuando está en la oposición». Por su parte, y para acabar con el término de marras, Juan José Ferrer, portavoz del PI y concejal de Urbanisme i Activitats, declaró que «el consenso no es una palabra sino un hecho y es algo que se trabaja».

Presupuestos y cargo de confianza
Por otra parte, en el pleno se aprobó el presupuesto del consistorio para el año 2016 tras estimarse algunas de las alegaciones del PP que, en días anteriores calificó dichas cuentas de «ineficaces e injustas» y que estaba en desacuerdo en varios de los puntos. «No estamos de acuerdo en la amortización de la deuda con FCC, que supone dejar de contar con casi dos millones de euros para inversiones. Pero es más grave que no se tenga en cuanta la nueva normativa vigente que obliga a tener a dos socorristas por playa y que, en caso de que se produjera algún incidente, repercutirá en el ayuntamiento», declaró Sala.

Sobre el primer punto, Pep Tur ‘Cires’  respondió que «con la subsanación de esta deuda después del contrato que usted firmó en 2006 lo que se persigue es que no dar ventaja a FCC en la concurrencia de la nueva adjudicación del servicio de gestión de residuos y que sea un proceso igual para todos». Sobre los socorristas, Valdés añadió que el decreto al que se refiere Sala no es actual, sino que es de 2005 y que «en todo este tiempo han tenido tiempo de aplicarlo».

También ha habido polémica con el nombramiento del nuevo cargo de confianza en materia de asesoramiento en seguridad, María Ángeles Gallardo. «Un propio informe de intervención señala que la modificación de la relación de puestos de trabajo para la creación de este cargo incumple el plan de ajuste económico municipal y, además, incumple las promesas del equipo de Gobierno de reducir cargos de confianza y sueldos», señaló José Sala, portavoz de la oposición.

Alcaraz replicó que este nombramiento era necesario y echó mano de la hemeroteca para recordar al PP la designación de otros cargos de confianza cuando estaban en el equipo de Gobierno. También recurrió a la prensa para responder a las acusaciones de la oposición de que no se hace nada para atajar los botellones ilegales. «Es un problema antiguo y que viene de lejos, como indica este recorte de prensa de abril de 2009 que ya hablaba de esto», señaló la concejala de Governació.

Por último, los populares presentaron una moción de control sobre los trabajos que, en las últimas fechas, ha llevado a cabo la brigada municipal de obras en la zona portuaria, «asumiendo gastos que corresponden a Ports de les Illes Balears». «Nuestro compromiso es pasar la factura a Ports, algo que no se ha hecho desde 2014. Ustedes que tanto se preocupan no hicieron nada en la anterior legislatura y ya es hora de que se hagan cargo del coste», añadió el alcalde.