Sant Antoni: un municipio sin presupuesto y 859.000 euros facturados sin concurso

Pablo Sierra del Sol / Menos de dos días fueron necesarios para que la coalición de centroderecha que había gobernado Sant Antoni durante tres años y medio saltara por los aires. El 28 de noviembre, Marcos Serra y Joan Torres se sentaron en la misma mesa y presentaron los presupuestos del municipio para el próximo año. El 30, Serra, el alcalde, ya había destituido a Torres, el número dos de su equipo de gobierno desde que empezó el mandato. Entre medias hubo un pleno en el que no solamente fue rechazado el presupuesto de 2023 sino que evidenció en público un secreto a voces: los nueve concejales del Partido Popular (junto al de Ciudadanos) llevaban tiempo chocando frontalmente con su socio de gobierno, afiliado a Proposta per les Illes (El PI). 

En aquella sesión, Torres votó en contra de la partida de gastos que había contribuido a elaborar porque Serra no aceptó la exigencia que le presentó frente a las cámaras: firmar un documento en el que se comprometía a empezar a ejecucar antes del 31 de enero cuatro acuerdos a los que había llegado anteriormente el pleno por mayoría. Estos fueron los puntos que motivaron un divorcio que pudo seguirse también, en directo o diferido, vía streaming: el desarrollo de un proyecto artístico, la creación de una ordenanza para regular el ruido, la aprobación de unas normas que permitieran elaborar un presupuesto participativo y la creación de la figura del Defensor de la Ciudadanía. El alcalde calificó la petición como un “chantaje” y, desde aquel instante, empezó a gobernar en minoría porque su hasta entonces socio votó en contra del presupuesto (de 31,4 millones, el más alto de la historia del municipio) que cuarenta y ocho horas presentaba ante los medios. “No fue un chantaje sino unas viejas reivindicaciones de El PI”, explica Joan Torres, “que vienen de lejos. Como veíamos que el PP no las asumía tuvimos que llevarlas a pleno, y salieron aprobadas por mayoría. Visto que incluso así ni el alcalde ni los concejales de su partido querían llevarlas a cabo, tuvimos que ponerle esa hoja delante para que la firmara”.

Cinco semanas después Sant Antoni sigue sin presupuesto aprobado para 2023. No parece sencillo que el asunto se desatasque antes de las próximas elecciones. El último pleno del año tuvo un tono bronco cuando Serra y Torres tuvieron que cruzarse la palabra. Lo hicieron de forma gruesa y desagradable. El alcalde avisa que tiene un plan alternativo –prorrogar la partida de gastos del año pasado y modificarla, si es preciso, con votaciones en el pleno que espera aprobar pese a estar a dos regidores de la mayoría– y desde la oposición le acusan de no haber querido negociar cuando se rompió el gobierno. “No ha habido ningún tipo de contacto con nuestro grupo respecto a los presupuestos además de una primera llamada que duró menos de un minuto y donde no nos emplazó a una cita. Ha tirado la toalla y está más centrado en las elecciones de mayo que en aprobarlos. Nuestro modelo es totalmente distinto al de la derecha en Sant Antoni. El PP ha gobernado durante treinta años y nos ha llevado a la ruina, casos de corrupción incluidos. Somos el polo opuesto y no podemos ser cómplices de ese maquillaje”, dice Antonio Lorenzo, concejal de PSOE–Reinicia. Coincide con el secretario general y próximo candidato de los socialistas en Sant Antoni, Fernando Gómez, el portavoz del grupo municipal de Podemos: “Que no hayan salido adelante los presupuestos y los retrasos que está sufriendo el municipio se deben a que el PP no ha sabido gobernar en coalición: quien debe asumir su fracaso en el gobierno es el alcalde”. 

Marcos Serra reconoce que gobernar con El PI fue complicado desde el inicio, pero no se arrepiente del pacto porque si no “los números no salían”. En las últimas elecciones el PP logró nueve concejales: volvía a ser la lista más votada pero, como le había pasado cuatro años antes, estaba lejos de la mayoría, que queda en once. Los populares debían pactar con los otros dos partidos conservadores que habían obtenido representación si querían recuperar el poder después de un mandato en el que había gobernado un pacto compuesto por PSOE, la plataforma municipalista Reinicia Sant Antoni y el propio Joan Torres junto a otros dos concejales de la formación insularista. A las puertas del verano de 2019, un hecho reciente ayudaba a que el acuerdo se produjera por el lado derecho del tablero: la baja de Cristina Ribas como afiliada de El PI (luego se integraría en la candidatura que formarán socialistas y Reinicia) y su decisión de no dejar el acta había llevado a sus ex compañeros de partido a romper la coalición que quedó en minoría pocos meses antes de la cita con las urnas.

Una nueva alianza entre Torres y la izquierda resultaba entonces inviable, dándole la posibilidad al PP de volver a controlar un Ayuntamiento que había gobernado ininterrumpidamente entre 1983 y 2015. El entendimiento entre Torres y sus nuevos socios, sin embargo, se ha demostrado imposible, según dicen Serra y José Ramón Martín, el concejal de Ciudadanos que también decidió marcharse del equipo de gobierno cuando Torres fue destituido. Pero no precisamente en solidaridad con el otro teniente de alcalde. “El PI ha hecho más oposición, desde dentro del gobierno, que los socialistas o Podemos. En el pleno en que intentó extorsionar al alcalde”, dice Martín, “también trató de ningunearnos, a Ciudadanos y a mí, como si no pintáramos nada. Deportes, la concejalía que yo gestionaba, se vio afectada por estos intereses. El PI y Ciudadanos compartimos espacio político: [Torres] consideró que una manera de perjudicarnos era frenar las inversiones que debían hacerse en las instalaciones deportivas del municipio desde Obras Públicas. Si he seguido todo este tiempo en el gobierno ha sido por fidelidad al alcalde”. A lo que Serra añade: “Desde los primeros meses [Torres] empezó a criticar el trabajo de la concejalía de Urbanismo, que había atascado El PI en el anterior mandato. Hubo continuas insinuaciones de moción de censura”. “Imagino que en el PSOE saben cómo es Joan Torres y no querían arriesgarse a que recuperar el poder durante un par de años les pasara factura”, concluye Martín.

La reforma del antiguo ayuntamiento, la construcción de un nuevo cementerio o la creación del centro cultural del que carece Sant Antoni –cuatro décadas y media después de las primeras elecciones municipales de esta etapa democrática. Estos son algunos de los proyectos que, según el alcalde, Joan Torres no sacó adelante por su “mala gestión como concejal de Obras Públicas”. El insularista se defiende poniendo el dedo en la llaga del asunto que acaparará la actualidad política en Sant Antoni durante los próximos meses: la adjudicación de trabajos desde la concejalía de Fiestas y Turismo de forma sistemática y, supuestamente, sin respetar la Ley de Contratos a la misma empresa de servicios audiovisuales: Sonitec. “En el departamento que gestioné se siguió escrupulosamente lo que dicta la ley. A partir de 40 mil euros, en caso de una obra, y de 15 mil, si era un suministro, todo se ha licitado. Por hacer las cosas así el alcalde no nos ha dejado de criticar. Dice que apenas salían proyectos adelante desde Obras Públicas. Es ofensivo: teníamos los técnicos que teníamos, cuatro, y apoyos puntuales de despachos externos. No ha sido así, pero no es igual gestionar como marca la ley que dar proyectos a dedo, como parece ser que ha ocurrido en otras concejalías”.

«Mejor servicio»
Torres argumenta que en total se han invertido 20 millones de euros durante los últimos tres años y medio. Y que si algunos de los proyectos estrella que formaban parte del pacto PP – El PI – Ciudadanos no se han convertido en una realidad se debe a que la concejalía que gestionaba tuvo que enfrentarse a gastos más urgentes, “como el reasfaltado de la red local de carreteras, un problema para la seguridad viaria del municipio”. Según Torres, si esos trabajos no se hubieran licitado para agilizar los tiempos administrativos, “el Ayuntamiento se habría gastado 5 millones en vez de los 3,5 que ha invertido”.

“El PP justifica pagar cientos de miles de euros a dedo porque Sonitec es la empresa que mejor servicio da. ¿Pero cómo lo pueden saber si no han pedido presupuestos a otros proveedores?”, se pregunta Fernando Gómez. En total, las 141 facturas que ha emitido esta empresa de servicios audiovisuales al Ayuntamiento de Sant Antoni desde 2019 ascienden a 859 mil euros: esos trabajos se adjudicaban a Sonitec sin conocer propuestas de otras empresas. Ese era el procedimiento de forma habitual. Incluso en las pocas ocasiones, solamente tres, en que superaron los 15 mil euros más IVA que establece la ley como límite para firmar un contrato sin licitación pública. Otras veces, diferentes servicios para el mismo evento se presentaban en facturas distintas. Así, al fragmentarlas, no superaban el límite legal.

El portavoz de Podemos explica que su grupo político tuvo que esperar meses hasta que recibió los documentos que acreditan el pago de estos servicios y que en este y otros asuntos el alcalde les ha “faltado el respeto” al dificultar su labor opositora. “La solicitud fue incoherente y hasta el secretario tuvo que ponerse en contacto con ellos para saber qué querían en concreto. No pidieron acceso a un expediente en particular, que se tramita en un par de días, sino todos los contratos de todo un mandato: es necesario destinar muchas horas de trabajo de un funcionario para recopilar esa información”, se defiende Marcos Serra.

Desde PSOE-Reinicia, Antonio Lorenzo cree que esta manera de contratar va más allá de la instalación de equipos de sonido y pantallas para los eventos de las fiestas patronales: “Los contratos a dedo con Sonitec son la punta del iceberg. Hay muchas cosas muy parecidas de otro tipo de gastos. Ha sido una gestión poco transparente y ejemplar. El PP cuando gobierna en Sant Antoni siempre hace las cosas de esta manera”. El alcalde usa dos argumentos para defenderse. El primero, “que en el anterior mandato ya se contrataban” los servicios audiovisuales “por el mismo procedimiento”. El segundo, que desde hace más de dos años “se están elaborando unos pliegos para licitar estos servicios a largo plazo”: este concurso público espera convocarlo el equipo de gobierno “antes de las elecciones”. “Es relativamente fácil hacer una licitación pública cuando sabes anticipadamente qué eventos y fiestas organizará el Ayuntamiento. No pueden decir que no han tenido tiempo”, apunta Joan Torres. El concejal de El PI no se siente responsable de esta manera de proceder al “no conocer lo que ocurría”: “Los contratos menores de 15 mil euros no pasan por Junta de Gobierno. Era imposible que supiera qué pasaba en la concejalía de Fiestas o en otros departamentos que no fueran los míos”. 

El grupo municipal PSOE–Reinicia ha presentado una solicitud para celebrar un pleno extraordinario para tratar exclusivamente los encargos que el Ayuntamiento ha realizado a Sonitec en los últimos tres años y medio. Será el siguiente capítulo de una historia que podría extenderse hasta las próximas elecciones municipales con los presupuestos de 2023 guardados en un cajón.