Sant Antoni aprueba sin el apoyo del PP instar al Gobierno a que modifique la «puñetera» Ley Montoro

@C. Vidal / La Ley de Racio­nalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también conocida como Ley Montoro o, según Aída Alcaraz, concejala de Governació, Interior i Protecció Civil, la «puñetera» Ley Montoro, la protección del corredor migratorio de cetáceos y el desastre humanitario en la crisis de los refugiados sirios, fueron algunos de los temas protagonistas este lunes en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Sant Antoni.

La sesión plenaria aprobó, con la oposición del Grupo Popular, que considera que «no es el momento de solicitar esta medida», una propuesta de acuerdo para instar al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que los ayuntamientos que cumplan con los requisitos de tener un ahorro neto positivo y un endeudamiento dentro de los límites recomendados por Hacienda puedan «libremente» elaborar presupuestos e incorporar nuevo personal cuando sea necesario.

El tema no se quedó ahí y volvió a debatirse en la moción de control presentada por el PP en relación a la Policía Local de Sant Antoni. El popular Marcos Serra acusó al equipo de gobierno de las carencias de personal que padece el cuerpo de policía y de «contratar un cargo de confianza ilegal por 60.000 euros, que hubiese sido mejor invertir en la contratación de tres agentes interinos».

Alcaraz replicó que la culpa de no poder contratar más policías «es por la puñetera Ley Montoro, la actitud del gobierno central y de ustedes, por votar en contra de la propuesta para cambiar la ley».

«Las retribuciones de Gallardo no afectan a las retribuciones de los agentes. Además, es un problema que ya existía con el PP en el equipo de gobierno y que estuvo mal gestionado. Hemos creado seis plazas fijas, no de policía turística, y siete plazas interinas, que se sumarán a los 46 agentes que existen en este momento. No es suficiente, pero gracias al conjunto de leyes de Montoro no podemos contratar más a nuestro pesar», añadió Alcaraz.

Recursos hídricos y pisos turísticos
El consistorio también ha aprobado por unanimidad dos mociones presentadas por la oposición a las que se han incorporado algunos pequeños matices por parte del equipo de gobierno. Así, se ha acordado instar al Consell d’Eivissa a tener finalizadas las obras necesarias en Sa Coma para albergar un retén permanente a disposición de la UME o de cualquiera otro cuerpo de emergencias vinculado a la lucha contra los incendios.

También ha salido adelante un propuesta para instar al Govern balear a garantizar el suministro de agua a toda la isla una vez estén en marcha todas las desaladoras y a poner en funcionamiento todas las infraestructuras hidráulicas lo antes posible, dando prioridad a esta tarea sobre cualquier otra.

«Ibiza está en una situación alarmante en cuanto a recursos hídricos y las infraestructuras necesarias están paralizadas independientemente del color político que haya», defendió Neus Mateu. «Es algo que se tenía que haber presentado hace tiempo, pero en la pasada legislatura estábamos cansados de ver cómo el PP votaba en contra y lo hacía por intereses partidistas antes que por defender el municipio», añadió Pablo Valdés, concejal de Neteja, Medi Ambient i Via Pública.

Otra propuesta del grupo Popular, en referencia a las estancias turísticas, en la que solicitaban que el pleno se manifestase de forma rotunda en contra de la regulación que propone el Govern balear, fue desestimada en parte al rechazar el PP la enmienda transaccional que ofrecía el equipo de gobierno en el primero de los tres puntos de la moción. «Que algo esté descontrolado, no significa que deba legalizarse. Miren por ejemplo el tema de los taxis piratas. Es un problema gravísimo y el reglamento debe adaptarse a las condiciones que se dan en Ibiza y que no son las mismas que en otras islas», aseguró José Sala, portavoz del grupo popular.

Declaración institucional
Por último, el pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional para instar al Gobierno español a proponer oficialmente la declaración como Zona Especialmente Protegida de Importancia por el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de Migración de Cetáceos del área marina localizada entre las costas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, así como solicitar al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que adopte un riguroso régimen de protección preventiva que comporte la adopción de medidas estrictas de gestión de las actividades que producen ruido submarino a la zona, así como una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos.

Además, se aprobó otra declaración para rechazar el acuerdo suscrito por la Unión Europea (UE) y Turquía que contempla la devolución de los refugiados sirios. El pleno dio el visto bueno por unanimidad a exigir «una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas, instar en el gobierno de la UE y a los estados miembro a la retirada de cualquier acuerdo que no respete el derecho internacional de asilo o los convenios internacionales sobre derechos humanos y a ordenar la creación de pasillos humanitarios».