EFE/Redacción. Los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche del domingo al lunes para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas.
La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte anunció este lunes en una rueda de prensa los resultados de las votaciones organizadas durante el pasado fin de semana de las asambleas provinciales, que, con un 86% de los votos y tan solo un 2% de abstenciones, han acordado secundar la protesta.
El paro de marzo apenas fue secundado en las Pitiusas
Esta organización de transportistas de mercancías por carretera -en su mayoría, autónomos- ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional. En el caso de Ibiza y Formentera, apenas hubo seguimiento de la convocatoria, de la que los sindicatos UGT y CCOO se desmarcaron, ya que la definieron como «un paro patronal». CCOO dijo que era una «irresponsabilidad».
Por su parte, la patronal pitiusa del pequeño empresariado, la Pimeef (Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera), aunque entendía los motivos de los huelguistas, también se quiso desvincular de este paro de marzo, señalando que podía ralentizar una economía ya muy tocada por la crisis económica actual, tal y como recogió entonces Noudiari.
Ley de control de costes
Aquellos paros se interrumpieron finalmente después de que el Gobierno se comprometiera a sacar adelante una ley de control de costes (aprobada en agosto) que obliga a los cargadores a fijar un precio justo y suficiente para que a los transportistas les salga a cuenta realizar su trabajo.
«Siete meses después, no se respeta el precio de coste a los transportistas, que cada vez pagamos más», ha lamentado el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, que cree que la situación es «una tomadura de pelo», y ha defendido que «la ley de costes tiene que dar respuesta a todo tipo de transportes».
En declaraciones a EFE, Hernández ha avisado de que «si hasta la fecha indicada la Administración no trabaja y no demuestra que quiere colaborar con acuerdos firmados sobre las peticiones que el sector ha hecho, el transporte cesará su actividad».
La razón de la nueva convocatoria de paro es, precisamente, la «pasividad» de la Administración en el control de la aplicación de la norma que obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio, según explicaba hace unos días la Plataforma.
Los convocantes proponen hacer «todos los cambios necesarios» a la reciente ley, que «ahora se demuestra que no se cumple», y que se copie la iniciativa francesa.
El objetivo no es otro que «dar una respuesta veraz en la calle», que los transportistas puedan trabajar «a unos precios que permitan hacer a sus empresas viables», y que los precios que el consumidor paga por el transporte «realmente lleguen a quien tiene el coste y no se lo queden los intermediarios, como está pasando desde los últimos 20 años».
El pasado 29 de octubre los delegados provinciales de esta plataforma -que no está integrada en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que sirve de interlocutor del sector con el Gobierno- ya votaron a favor de convocar un nuevo paro, y decidieron consultar a sus bases para tomar una decisión final.
De acuerdo con los datos proporcionados este lunes por la Plataforma, la votación de este fin de semana se saldó con un 86% a favor del paro, mientras que un 2% se abstuvo y el resto votó en contra.
Los transportistas trabajarán durante «estos días» para «organizar las acciones a llevar a cabo» en relación a esta convocatoria de paro, que también ha sido apoyada por organizaciones del sector primario, como Asepres (Asociación del Sector Primario de España), que ha pedido que se controle el doble etiquetado, la ley de bienestar animal y los precios del combustible, con los que van «a la ruina».
Denuncian a seis grandes operadores de transporte
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha instado a los transportistas a que denuncien los incumplimientos que detecten de la citada ley de costes por parte de los cargadores, para que los inspectores puedan realizar su trabajo y, llegado el caso, imponer la multas que correspondan, que pueden llegar incluso a los 4.000 euros.
En este sentido, el portavoz de la Plataforma también desveló que han denunciado «a seis grandes operadores de transporte» y que «todavía, después de un mes y medio», desconocen si se les ha abierto algún expediente.
Según sus datos, más de una decena de empresas cargadoras incumplen la norma porque sus precios están lejos de cubrir los costes reales de un camión, mientras que el Ministerio de Transporte, sostiene, no está llevando a cabo las debidas actuaciones para comprobar, y sancionar en su caso, esas irregularidades.
Estos transportistas creen que, en contra de lo debido, desde la Dirección de la Inspección de Transporte «se pretende aliviar de cualquier presión a los infractores, desautorizando a las autoridades que fundamentalmente deben de ser los primeros controladores del cumplimiento de la ley».
