La Unión General de Trabajadores (UGT) de Ibiza y Formentera ha vuelto a denunciar la “persistente inacción y mala gestión” tanto de la gerencia de GSAIB como del Servei de Salut y de la Conselleria de Salud, dirigida por la consellera Manuela García. El sindicato considera “muy grave” el nuevo retraso en la llegada y puesta en marcha de las ambulancias anunciadas para Ibiza y Formentera, y acusa a la administración de incumplir promesas y poner en riesgo a profesionales y pacientes.
UGT recuerda que el pasado 15 de octubre la consellera y el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, anunciaron la renovación de la flota con 246 nuevos vehículos para la comunidad autónoma de Baleares, asegurando que todos estarían operativos en noviembre, tras un primer compromiso que los situaba en septiembre. Sin embargo, ayer mismo la Conselleria notificó que las ambulancias no estarán en circulación hasta diciembre, alegando que muchos de los vehículos destinados al transporte sanitario urgente “aún se están fabricando en Galicia”. El sindicato califica esta situación de improvisación, mala gestión e incumplimiento reiterado, y advierte de que los continuos aplazamientos siguen afectando a la atención sanitaria y al personal de las Pitiusas.
UGT afirma que GSAIB ha comunicado que “en breve” se pondrá en marcha el recurso operativo LIMA, ya activo desde hace un año en Mallorca y Menorca. El sindicato espera que esta vez el anuncio “no se quede en otra promesa incumplida”, ya que el retraso afecta directamente al servicio y a los profesionales. En el ámbito de la formación exigida para el acceso al LIMA, el sindicato valora positivamente que GSAIB y SAMU 061 hayan manifestado su intención de contar con la parte social para consensuar los requisitos, un paso que consideran “un avance en igualdad de oportunidades”, aunque advierten de que, dada la trayectoria de retrasos, esperan que no se convierta en otro compromiso no cumplido.
UGT también alerta sobre la situación interna de GSAIB en Ibiza y Formentera, donde diez técnicos de emergencias sanitarias han denunciado presunto acoso laboral, trato vejatorio y comentarios homófobos por parte de la responsable del servicio. Aunque la Conselleria aseguró haber iniciado una investigación, el sindicato afirma que no se han comunicado avances ni se han aplicado medidas cautelares para proteger a los trabajadores, y advierte de que en los próximos días podrían presentarse más denuncias por el “ambiente hostil y de tensión” en el servicio.
Otro problema grave señalado por UGT es que el 80% de la plantilla del transporte sanitario programado no puede conducir las nuevas ambulancias, ya que los vehículos pesan 4.000 kilos y requieren el carnet C. La consellera ha responsabilizado al anterior gobierno, pero el sindicato considera este argumento “ridículo”, recordando que la actual administración ha diseñado y adquirido íntegramente la flota sin tener en cuenta la capacitación de los trabajadores.
El sindicato denuncia además modificaciones “improvisadas y sin contar con los profesionales” en las nuevas ambulancias, como la eliminación de rampas hidráulicas, la reducción de asientos o la retirada de sistemas de seguridad o elementos ergonómicos. Estas decisiones, advierte UGT, tendrán consecuencias “graves” para trabajadores y pacientes, además de un sobrecoste económico difícil de estimar, derivado de desguaces, almacenamiento, revisiones, obtención del carnet C, formación CAP en autoescuelas y contratación de personal para cubrir los periodos formativos.
UGT reclama a la Conselleria de Salud “seriedad y acciones inmediatas”, y exige una reunión urgente con la parte social: “No se contó con los profesionales para el diseño de estos vehículos, no se está contando para valorar la eliminación de mecanismos esenciales y tampoco para determinar la idoneidad de las autoescuelas y otras medidas anunciadas”, señalan. El sindicato advierte de que si no se corrige el rumbo, las consecuencias del “error inicial en los vehículos” serán mínimas en comparación con lo que puede suceder si la administración sigue actuando sin consultar a los trabajadores.
