La naviera Baleària, a través del su presidente, Adolfo Utor, criticó ayer duramente el resultado de la aplicación esta temporada de la Ley 5/2024, de control de afluencia de vehículos para la sostenibilidad turística. Para avalar sus premisas, presentó dos estudios, uno elaborado por Meteoclim y otro informe de la Universitat Jaume I (UJI) firmado por el Dr. Esteban Morelle-Hungría y la Dra. María Luisa Cuerda Arnau, investigadores del Centro de Investigación de Derecho Penal, Criminología e Inteligencia de la citada universidad que cuestiona la eficacia real de esta medida.
Y lo dicen así de claro: “carece de base empírica suficiente y presenta una eficacia ambiental muy limitada”, llegando incluso a calificarla de posible caso de “greenwashing normativo”. Es decir, una normativa que queda bien de cara a la galería pero que, en verdad, no resolvería problema ambiental alguno.
«Aunque el acuerdo del Consell insular de 28 de marzo de 2025 pueda considerarse idóneo en términos formales, la evidencia disponible sugiere que su contribución real a la reducción de la congestión o de las emisiones sería limitada y de alcance más simbólico que efectivo», dice textualmente el informe.
“Más apariencia que efecto real”
Así, la autora y el autor del infome son especialistas en derecho penal ambiental y criminología verde, y, tras analizar paso por paso la normativa, aplauden que la intención es legítima, pero apuntan a que su diseño es ineficaz y desproporcionado.
“El acuerdo proyecta una imagen de compromiso ecológico, pero no garantiza resultados reales sobre la movilidad ni sobre la reducción de emisiones”, señala el informe.
Entre los principales defectos detectados, los investigadores citan la falta de estudios técnicos que justifiquen los cupos fijados, la ausencia de indicadores de seguimiento ambiental y la existencia de numerosas excepciones que neutralizan el impacto real de la medida.
En resumen, el trabajo de la UJI no rechaza la necesidad de limitar el tráfico en Ibiza, pero sí pide repensar el modelo: menos cupos arbitrarios y más políticas integrales, con datos, control ambiental y equilibrio social. Porque, como concluye el informe, “Ibiza necesita menos gestos y más resultados reales”.
El límite de 20.168 vehículos diarios durante la temporada alta —16.000 de alquiler y 4.048 autorizaciones adicionales— se habría establecido, siempre según el informe, sin un análisis ambiental detallado y sin diferenciar entre tipos de vehículos, “como si emitiera lo mismo un coche eléctrico que un diésel antiguo”, apuntan.
Riesgo de efectos contraproducentes
Según el informe, la norma podría incluso agravar la congestión a medio plazo, ya que algunos visitantes o residentes con segunda vivienda podrían optar por matricular sus vehículos en la isla para eludir las restricciones. Es más, ayer Adolfo Utor indicó que las matriculaciones de coches en la isla se han disparado este año hasta agosto un 60%, es decir, que se han matriculado 3.466 coches, un hecho que Utor lo calificó de «efecto llamado de la normativa».
En este sentido, el informe dice: “Esa reacción social acabaría incrementando el parque móvil local y, por tanto, el problema que se pretende reducir”, advierte.
Además, el texto critica la falta de mecanismos de control en tiempo real y de sistemas sancionadores eficaces (algo que el Consell pretende resolver de cara la próxima temporada porque este año no ha habido sanciones de la DGT por incumplimiento y tampoco cámaras en todos los puntos que se pretenden tener para controlar la entrada de vehículos no autorizados). “Estamos ante una norma declarativa, no ejecutiva”, subraya el estudio que firma el Dr. Morelle-Hungría, que dirige también el Laboratorio de Gobernanza Azul de la UJI y el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul.
Impacto económico y social sin compensaciones
Otro de los puntos señalados por los investigadores es el impacto económico directo sobre el transporte marítimo y las empresas de alquiler de vehículos, sectores estratégicos en la economía de la isla. El acuerdo, según la UJI, no prevé medidas de compensación ni planes de transición justa, a pesar de que la legislación climática estatal obliga a tenerlos en cuenta.
“La sostenibilidad no puede construirse a costa de determinados sectores sin ofrecer alternativas”, afirma el informe firmado también por la
“Si no se equilibran los beneficios ambientales con los costes sociales, la medida no pasa el test de proporcionalidad”.
Formentera y Europa, ejemplos de gestión más eficaz
El estudio compara el caso ibicenco con el de Formentera, que desde 2019 aplica su propia regulación de vehículos con un sistema de control, a su juicio, más selectivo y mejor integrado con la movilidad eléctrica.
Allí, la limitación se acompaña de «una red de transporte público reforzada, incentivos para vehículos sostenibles y un seguimiento ambiental continuo«, lo que ha permitido observar reducciones reales de tráfico y emisiones.
También se analizan experiencias europeas como Capri, Santorini, Madeira o Londres, donde las restricciones de tráfico se aplican junto a medidas estructurales de movilidad sostenible.
“Las políticas que funcionan combinan control, transporte público y evaluación científica constante. Sin esos elementos, las limitaciones se convierten en gestos más que en soluciones”, sostiene el informe.
Criminología verde y gobernanza con evidencia
Desde la perspectiva de la criminología verde, el estudio advierte del riesgo de utilizar políticas ambientales como herramientas de marketing institucional. “El greenwashing normativo aparece cuando una ley o reglamento se presenta como ecológico, pero carece de mecanismos reales para reducir la huella ambiental”, explica Morelle-Hungría.
En sus conclusiones, ambos investigadores reclaman una gobernanza ambiental basada en datos y evidencia científica, con participación ciudadana y coordinación institucional.
“La sostenibilidad no se decreta, se demuestra”, afirman.
La UJI, al frente de la investigación ambiental aplicada
El informe se enmarca en la línea de investigación del Centro de Derecho Penal, Criminología e Inteligencia de la Universitat Jaume I, que trabaja en varios proyectos vinculados al cambio climático y la protección del medio marino.
La universidad castellonense impulsa desde 2025 el Laboratorio de Gobernanza Azul y el Aula IbizaPreservation, espacios de colaboración con entidades locales de las Illes Balears para promover una gestión sostenible y justa del territorio.
Pagando tú, el informe dirá lo que tú quieras