Las enormes dificultades que sufren las personas allegadas a Ibiza que no pueden empadronarse en el ayuntamiento correspondiente ha generado un caldo de cultivo perfecto para la exclusión, pero también para la estafa. Es una de las numerosas conclusiones que se ha podido conocer a través del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la isla de Ibiza, presentado esta semana por la Fundación Foessa y Cáritas España.
Se trata de un informe pionero, con 220 páginas de datos empíricos analizados a partir de encuestas y entrevistas a domicilio, incluidos en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024, y de cuyos detalles generales informa Noudiari en este artículo. Pero además de números, se recogen numerosos testimonios de personas que han tenido que enfrentarse a las consecuencias de carecer de empadronamiento en Ibiza, una herramienta con difícil acceso.
“Quienes viven en una habitación raramente tienen un contrato formal de alquiler,” señala el estudio, “ya que impera el subarriendo, lo que les impide también empadronarse en la vivienda y acceder a los derechos que el padrón les confiere. Legalmente, por tanto, estas personas están indefensas: no pueden demostrar en ningún caso que residen en la vivienda, por lo que se ven expuestas a toda clase de vulneraciones de derechos”.
El empadronamiento es necesario, entre otros, para gestionar un permiso de residencia o de trabajo, para trámites en el Registro Civil o para tener acceso a la tarjeta sanitaria o prestaciones sociales.
Entre los testimonios recogidos en el estudio está el de Aisha, mujer marroquí de 40 años, residente en España desde 2006. En su casa en Sant Joan conviven, en un pequeño piso, ella y su marido, también residente, y sus tres hijos adolescentes.
Aisha, trabajadora del sector de la limpieza, llegó a tener su propia empresa, según recoge el informe, y contrataba a otras mujeres marroquíes para limpiar en casas. Según explica, muchas trabajadoras prefirían trabajar sin contrato en otros lugares porque en la economía sumergida se cobraban mejores sueldos para subsistir.
Tanto ella como su marido obtuvieron el NIE, y de hecho Aisha defiende la necesidad de contribuir al Estado. En su entrevista, Aisha también señala las dificultades del empadronamiento, y comparte que ha llegado a recibir ofertas de hasta 2.000 euros para empadronar a personas, a lo cuál se negó por principios, explican.
“Entre 400 y 1.000 euros” por tramitar un padrón
El estudio de Foessa afirma además que testimonios recogidos durante su trabajo de campo aseguran, directa o indirectamente, la existencia en Ibiza de estafas y “verdaderas mafias” para obtener un padrón en alguno de los ayuntamientos de la isla.
Entre las prácticas se incluyen estafadores que venden el permiso para empadronarse en su domicilio a migrantes que aún no han regularizado su situación. El informe además recoge que según Serveis Socials, estos individuos prometen tramitar el padrón por una cantidad entre 400 y 1.000 euros, para después desaparecer con el dinero, y sin cumplir su palabra.
El informe va más allá de la estafa fantasma, y detalla que los propios propietarios ofrecen el servicio de empadronamiento a sus inquilinos por cantidades similares, añadiéndolo como pago extra. Muchas personas pagan por desconocimiento, pero otras lo hacen por impotencia debido a una situación irregular administrativa propia, o miedo a multas, la propia expulsión de la vivienda o incluso la deportación en algunos casos.
El acceso al padrón, competencia exclusiva de los ayuntamientos
El acceso al empadronamiento es precisamente una de las claves que destaca el informe como gran obstáculo a la vivienda, epicentro de la exclusión social en Ibiza según este estudio pionero. Durante su presentación, Carolina Escandell, consellera de Serveis Socials, fue cuestionada precisamente por estos procesos, que según ella misma indica son competencia exclusiva de los ayuntamientos.
Sin embargo, la consellera admitió que la inaccesibilidad de la población migrante al padrón es un tema recurrente en las reuniones de la Mesa de Exclusión. Escandell aseguró que ya se han mantenido algunas reuniones técnicas sobre la mejora de acceso al padrón, y añadió que hay trabas técnicas y legales. “El problema es más complejo de lo que parece”, insistió Escandell.
La consellera, que no quiso adentrarse en una cuestión competencia de los ayuntamientos, sí afirmó que “hay voluntad” para resolver esta problemática.
