La agencia de detectives y seguridad mallorquina Intelligencia Pro Justitia será la contratada este año por el Consell de Ibiza para poner en marcha el servicio de detectives privados contra las fiestas ilegales en casas privadas y otros recintos en Ibiza.
El contrato tiene un importe de 51.836 euros más IVA, y tiene previsto actuar a lo largo de todo este verano.
Así lo ha avanzado hoy el Consell de Ibiza tras la reunión del conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, con los responsables de las policías locales de los cinco ayuntamientos de la isla para coordinar, un año más, el servicio.
Se trata de un servicio que se puso en marcha por primera vez en 2021, a consecuencia de la proliferación de fiestas ilegales en casas privadas durante la pandemia de la Covid-19, cuando había limitaciones de aforo y de horarios en los establecimientos públicos.
Una vez finalizada la pandemia, el servicio se ha mantenido porque, como explica Juan, «se trata de una medida disuasoria que nos han pedido los propios ayuntamientos, porque sus agentes de policía necesitan un refuerzo para poder detectar las fiestas ilegales, actuar y sancionar».
Juan ha explicado que se trata de un servicio que ayuda a los ayuntamientos a ejercer sus competencias para controlar las actividades que se realizan en sus municipios y que, los cinco consistorios, consideran «muy positivo» para evitar que las fiestas ilegales sean un problema de competencia desleal y de convivencia.
El consejero ha recordado que el trabajo de estos detectives es localizar, identificar y paralizar, de la mano de las policías locales, de forma preventiva la celebración de este tipo de fiestas.
El verano pasado, sus infiltraciones y sus informes fueron determinantes para la desarticulación de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en una gran intervención policial coordinada por la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales.
Sanciones para todos los responsables de las fiestas ilegales
Juan también ha recordado que los colaboradores de estas fiestas «también pagan» ya que la nueva normativa incluye la sanción a todos los responsables en la celebración de estas fiestas: organizadores, comercializadores, colaboradores, DJs y participantes con multas que van desde los 100.000 hasta los 300.000 euros, «de manera que todos, desde los organizadores, a los comercializadores, colaboradores y participantes deberán pagar por realizar una actividad ilegal».
La mayoría de las fiestas ilegales donde se han infiltrado los detectives en los últimos años se han celebrado en villas alejadas de la población, y los accesos se hacen a través de contactos, amigos, grupos de WhatsApp, páginas web…
El precio de las entradas varía según el tipo de fiesta y puede ir de los 20 a los 150 euros, con consumición o sin ella. Para no ser detectados piden el pago en efectivo o con tarjeta, no con Bizum.
Muchos de los promotores de estas fiestas tienen relaciones de colaboración entre ellos.
Jajajjajaja
..raro q no hagan lo mismo en el sector alquiler turístico.. pero claro, los involucrados son tantos y hay tantas conexiónes con ilustres apellidos q eso no sucederá.. se construirá más con la excusa d la «falta de vivienda», beneficiándose al final los mismos q han causado el problemón actual..
No fa falta detectius, sa gent ja sap on són les cases on és fan »les festes»,
Necessitam acció!