Durante años, las presuntas víctimas de abusos sexuales por parte del sacerdote gallego afincado en Ibiza desde 1981 a 2021, Juan Manuel de Souza Iglesias, se han sentido culpables. O más bien las han hecho sentir culpables. Las han acusado de mentir, de exagerar, de destrozarle la vida a un cura. Pero eso se ha terminado. Tal vez demasiado tarde, pero el foco cambia de lado. La sentencia condenatoria por dos casos no prescritos que salió en el mes de julio del año pasado fue fundamental. Ahora se abre otro camino: el de la reparación para aquellos casos que no pueden acudir a la vía judicial por haber pasado décadas desde que se cometieron los presuntos abusos.
Este procedimiento está dirigido a personas cuyos casos no pueden ser juzgados por haber prescrito, y contempla medidas de reparación económicas, simbólicas y psicológicas, aunque sin baremos económicos definidos, uno de los puntos más criticados por las víctimas.
Sergio Lleó y José Juan confirmaron ayer a Noudiari que emprenderán esa vía y ahora también lo hará otro hombre cuyo caso ya salió a la luz en 2021.
Esta es la tercera presunta víctima del sacerdote que confirma a Noudiari su intención de acogerse al sistema de reparación para delitos prescritos impulsado por el Gobierno y la Iglesia, un mecanismo que comenzará a funcionar el próximo 15 de abril tras el anuncio y firma pública de las partes realizado este lunes.
No solo anuncia que recurrirá a la reparación sino que apunta a la posible existencia de más víctimas y a hechos de mayor gravedad, incluyendo presuntas violaciones.
“Si se hubiera actuado antes, se habrían evitado más casos”
La víctima, que tenía entre 16 y 17 años cuando ocurrieron los hechos (hace aproximadamente 35 años), relata un episodio de abusos durante un trayecto en coche, cuando el entonces sacerdote —que también era su profesor de Religión en el instituto sa Blanca Dona— le invitó a subirse a su coche.
“Mi moto se había roto y se ofreció a llevarme a mi casa. Mientras conducía llevó la mano que tenía sobre la palanca de cambio de marchas hacia mi pierna izquierda buscando los genitales. Entonces yo le agarré la mano para impedirle continuar y con la otra, la derecha, agarré el volante, se lo bloqueé y le dije: o paras el coche o nos matamos los dos”.
«Se puso nervioso porque le miré con firmeza. Y paró«.
El entonces menor logró frenarlo en ese momento. En ocasiones anteriores había intentando besarle en los labios por los pasillos del centro donde daba clases de religión. «Mis notas pasaron de notable alto a suficiente. Le pregunté por el motivo y me dijo: tú ya lo sabes. Me indigné».
Durante años guardó silencio. La primera vez que lo contó fue a los 28 años pero la respuesta que recibió fue la de sentirse culpable: “me dijeron que la iglesia es santa, que somos los hombres los pecadores y que Juan Souza también es un hombre, que lo dejase estar. Es similar a lo que de dijeron a Sergio Lleó: que pobrecito Souza, que todo el mundo tiene falta de cariño, que todo el mundo tiene que tener amor…”, relata esta presunta víctima con la rabia de no haber sido creída en un momento en el que podrían haberse evitado los casos que vinieron después.
“Lo digo claro: lo de Souza se sabía porque lo contamos y no se hizo absolutamente nada”, remata.
Un caso que va más allá de los abusos ya conocidos
El testimonio no solo reafirma los hechos ya conocidos y juzgados, sino que introduce un elemento especialmente grave: la existencia de otros presuntos casos que podrían incluir, siempre según su testimonio, otras presuntas violaciones a menores. Relata, en este sentido, que el cura presuntamente habría agredido a otros niños aprovechando encuentros familiares o que les invitaba a pasar tiempo e incluso pernoctar en las casas parroquiales por las que pasó. Hay que recordar que fueron las de las iglesias del Rosario, la de San Pablo del barrio de Ca n’Escandell y Santa Cruz. Todas en la ciudad de Ibiza. Además fue profesor de religión en el IES Blanca Dona.
Según explica esta víctima, dentro del entorno de la congregación existía la percepción de que algunas conductas eran conocidas pero no se actuó con contundencia.
En este sentido, insiste en la responsabilidad colectiva del silencio: “La gente miró para otro lado”.
La víctima ha confirmado a Noudiari que iniciará el proceso ante el Defensor del Pueblo para acogerse al nuevo mecanismo acordado entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal y las órdenes religiosas.
Un patrón prolongado durante décadas
El caso de Juan Manuel de Souza Iglesias se remonta a los años 90 y se extiende, según las denuncias recopiladas, hasta al menos 2010.
Fue condenado por dos delitos de abusos sexuales a menores, aunque no ingresó en prisión tras un acuerdo. Sin embargo, el número de testimonios es mayor: distintas investigaciones periodísticas han documentado al menos media docena de víctimas en la isla: las dos por las que ha sido condenado, otras tres a menores y una a un adulto en el momento de los hechos, además de un caso de tocamientos a una chica.
Los hechos denunciados comparten un patrón: tocamientos y conductas sexuales inapropiadas aprovechando su posición de autoridad como sacerdote y educador.
“Esto no ha terminado”
Lejos de considerar el caso cerrado, esta tercera víctima cree que el nuevo sistema puede hacer aflorar más testimonios.
Su decisión de acogerse al mecanismo busca no solo una reparación personal, sino también contribuir a que se reconozca la dimensión real de lo ocurrido durante años en Ibiza.
Mientras tanto, el proceso que ahora se abre plantea dar respuesta a décadas de abusos que, aunque prescritos judicialmente, siguen muy presentes en la memoria de las víctimas.
Hay que recordar que el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza condenó a Juan Manuel de Souza Iglesias a tres años y tres meses de prisión por dos delitos de abusos sexuales a menores cometidos en 2005 y entre 2009 y 2010. No ingresará en prisión, ya que la pena fue suspendida con la condición de no delinquir durante dos años.
La sentencia considera probado que abusó de un niño de 12 años y de otro de 13, aprovechando la relación de confianza con sus familias, vinculadas al Camino Neocatecumenal. Los hechos ocurrieron en la casa parroquial e incluyeron tocamientos y conductas sexuales, con consecuencias psicológicas para las víctimas.
Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos, aceptó las penas (1 año y 3 meses y 2 años) e indemnizó a las víctimas con 20.000 euros, además de tener prohibido acercarse o comunicarse con ellas durante cinco años.
