Desde hace cinco años, los vecinos de la calle des Pou, en la zona de Can Burgos (Sant Jordi), viven un auténtico calvario por la actividad turística y festiva de una vivienda unifamiliar que, según denuncian, ha funcionado durante años de forma irregular.
La propiedad, comercializada bajo distintos nombres en webs, aunque actualmente se conoce como “Villa Secret Paradise”, se ha convertido «en un foco de fiestas ilegales, despedidas de soltero, turistas irresponsables, ruido a todas horas, actos vandálicos y altercados», explican los vecinos a Noudiari, lo que ha generado un profundo desgaste emocional y una creciente sensación de abandono institucional. Para demostrarlo aportan vídeos, denuncias a Guardia Civil y listados de llamadas a la Policía Local de Sant Josep.
Lo que para los turistas es un “paraíso secreto”, para sus vecinos es un infierno. Música a todo volumen desde la tarde hasta la madrugada, invasión de propiedades colindantes, gritos, suciedad, cristales en la calle y botellas arrojadas contra fachadas a modo de represalia por las quejas son algunas de las situaciones que han vivido los afectados. Hasta una tarta de chocolate, lanzada desde la vivienda en agosto de 2024 tras quejarse una vecina de los ruidos. Y tienen pruebas. Lo que ha encendido todavía más los ánimos es que, a pesar de las múltiples denuncias interpuestas desde 2020, en 2024 la vivienda obtuvo la licencia turística (ETV).
La pesadilla comenzó en 2020. Recordemos que era plena desescalada de la pandemia del Covid. La casa acoge entonces fiestas con cocineros externos y catering saltándose por completo las normativas vigentes en ese momento de reunión máxima de personas. La música sale más allá de los muros e invade las casas de los vecinos. Hay, al menos, dos llamadas de quejas registradas en la Policía Local. Una del 3 de agosto, la otra del 7 de agosto de 2020.
A lo largo de 2021, las llamadas a la Policía Local aumentaron. Solo entre mayo, junio y septiembre se contabilizaron al menos ocho avisos por ruidos. Los vecinos explican que las celebraciones no tienen horario fijo: pueden empezar por la tarde o prolongarse hasta el amanecer. En algunos casos, la policía acudió. En otros, simplemente no respondió. “Nos han llegado a decir que no había patrullas disponibles”, lamentan los residentes que valoran y agradecen las explicaciones recibidas por parte de este cuerpo policial («un volumen de trabajo tan grande que les impide llegar a todo») pero admiten que eso no les consuela.
Desde entonces hasta hoy, la situación se ha mantenido e incluso agravado. En los últimos años se han producido incidentes más graves, como allanamientos de morada. En más de una ocasión, los turistas han escalado el tejado del garaje de una casa vecina para lanzarse desde ahí a la piscina (tiene vídeos e imágenes de prueba que este medio ha visto pero que por cuestiones legales no se pueden publicar). En otra, una botella de cristal fue arrojada contra la pared de una vivienda colindante. También se han denunciado insultos, amenazas y episodios de vandalismo. Un altercado con un turista drogado movilizó a Policía local, Guardia civil y hasta a una ambulancia.
“Nos sentimos completamente desprotegidos”
El vecindario —formado por familias con niños, personas mayores y trabajadores— ha presentado decenas de denuncias por diversas vías: al Ayuntamiento de Sant Josep, al Consell d’Eivissa y a la Guardia Civil. Noudiari ha tenido acceso a algunas de estas denuncias. Incluso han recurrido al Defensor del Pueblo ante la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones locales. “Nos sentimos completamente desprotegidos. Las autoridades miran hacia otro lado mientras aquí no podemos dormir, ni vivir con tranquilidad”, denuncian.
Los residentes disponen de abundante documentación que acredita lo vivido: vídeos de diferentes años, fotografías, capturas de anuncios en plataformas como Airbnb o PlumGuide y un historial completo de llamadas a las fuerzas de seguridad. También han detectado la utilización de números de licencia diferentes en distintos portales, así como la comercialización de la casa para grupos muy por encima del límite legal: hasta 25 personas en seis habitaciones, con precios que llegan a los 10.000 euros por tres o cinco días, según la temporada.
Licencia turística concedida pese al historial
Una de las mayores frustraciones del vecindario llegó en 2024, cuando la vivienda obtuvo oficialmente la licencia turística. “Después de todo lo que hemos vivido y de todas las pruebas aportadas, que les den el ETV es como una burla”, señala una residente. La ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears obliga a las personas explotadoras de viviendas turísticas a expulsar en un plazo máximo de 24 horas a cualquier huésped que altere la convivencia vecinal. “Aquí no ha pasado nada de eso. La casa sigue alquilándose y el último episodio de ruido fue hace solo unos días (el pasado viernes 20 de junio)”, denuncian.
Por ello, han recurrido a un despacho de abogados de fuera de la isla para plantear acciones legales más contundentes, que ya tienen en marcha. Exigen la revocación inmediata de la licencia turística, la clausura cautelar de la vivienda mientras se tramita un expediente sancionador, y multas proporcionales al beneficio económico obtenido. También solicitan inspecciones conjuntas entre Consell y Guardia Civil para evitar que se reabra con otro nombre o a través de testaferros.
Un problema que se repite en toda la isla
El caso de “Villa Secret Paradise” no es aislado. En distintas zonas residenciales de Ibiza, hay vecinos que conviven con viviendas turísticas que funcionan como espacios para eventos y fiestas privadas disfrazadas de celebraciones familiares. “Estamos hablando de casas que, sin estar en suelo rústico ni aisladas, se convierten en discotecas improvisadas rodeadas de familias, niños y ancianos. Y la administración no actúa con la contundencia necesaria”, subrayan los vecinos.
Mientras esperan una respuesta institucional firme, los vecinos quieren, al menos, alzar la voz: “No vale todo por dinero en esta isla, hay límites en las leyes y solo hace falta que se cumpla lo que ya dice la ley, ni más ni menos. Solo queremos vivir en paz, poder dormir y recuperar nuestro derecho a la tranquilidad. No pedimos nada más”, concluyen.
