Vídeo.- Así es el interior de Casa Lola, que ya ha comenzado a derribarse

Desde el servicio de prensa del Ayuntamiento de Sant Josep han dado a conocer este martes, mediante imágenes y vídeos, cómo son las instalaciones de Casa Lola, la polémica vivienda vacacional que hoy ha sido desalojada entre agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Y es que esta mañana se ha puesto en marcha el operativo para cumplir, después de 12 años de ilegalidades, la orden de demolición de los 1.892 metros cuadrados de superficie edificada ilegalmente en este complejo turístico. Tal y como recogía Noudiari esta mañana, lo único legal en la propiedad es una vivienda de 125 metros cuadrados.

Cabe recordar que en la inspección de hoy los técnicos municipales se han encontrado volúmenes construidos de los que no se tenía constancia desde los servicios urbanísticos de Sant Josep. En palabras del alcalde, el socialista Ángel Luis Guerrero, «se han encontrado dos o tres volúmenes nuevos levantados después del 2013 y, aunque no son muy grandes, también se les tendrá que abrir un expediente de demolición».

De todas formas, Guerrero ha señalado que esta es la primera vez que se ha podido entrar en la finca y ha celebrado que aunque «la administración es lenta», también es «inexorable»: «Hoy los que creían que nunca llegaría este día recuperarán un poco la confianza perdida», ha añadido el alcalde delante de los medios de comunicación de la isla, que esta mañana se han desplazado hasta Casa Lola para cubrir la operación prevista.

Así, en esta primera inspección previa a la demolición ha trascendido la magnitud de las obras ilegales, que se muestran en las siguientes fotografías facilitadas por el Consistorio, ya que la prensa no tenía permiso para acceder al interior de Casa Lola.

Además, tal y como se puede comprobar en estas otras imágenes, la demolición de la parte ilegal ya ha comenzado. El propio alcalde de la localidad ha señalado que esperan completar la operación de derribo en dos o tres semanas.

Recopilación de los hechos

Tal y como avanzaba este medio durante la mañana, el Consistorio josepí ha dado cumplimiento a la autorización judicial de entrada para proceder a la ejecución subsidiaria del derribo de dicho polémico complejo turístico. Tal y como se había informado, la entrada se ha producido a las 09.00 horas en un operativo en el que la Policía Local ha recibido el apoyo de dos docenas de efectivos de diversas unidades de la Guardia Civil, después de confirmar la falta de colaboración de las personas que se encontraban en ese momento en el interior del recinto. 

Una vez forzada la entrada, se ha procedido a realizar el acta de replanteo de los trabajos de derribo que deben completarse en el plazo máximo de 60 días dado por la sala del contencioso administrativo número 2 de Palma, según ha detallado el equipo de gobierno municipal en un comunicado de prensa al respecto. 

El alcalde ha comparecido en la finca a media mañana para valorar el operativo y ha considerado que el día de hoy «marca un antes y un después para Sant Josep en la protección de la legalidad» . Recordó que las órdenes de demolición por Casa Lola datan de 2010 y 2013, y lamentó nuevamente todos los años que la propiedad ha logrado retrasar esta ejecución en los tribunales.

En el interior se han encontrado a cerca de 60 personas alojadas, con el contingente más numeroso formado por una familia de más de 30 miembros, con bebés incluidos, que ha sido la que más tiempo ha tenido para evacuar el recinto debido a dicho complicación. 

Posible delito de estafa

«Habían entrado ayer mismo en la casa y hacía cuatro días que habían reservado, así que pensamos que estamos ante un posible delito de estafa», ha dicho el alcalde, que ha asegurado que se ha documentado la situación de las personas alojadas para dar traslado a Fiscalía y que investigue este y otros ilícitos penales en un caso donde la responsable es «una persona que ya tiene antecedentes penales».

La propietaria es la polémica empresaria Paquita Marsan, cuyo nombre real es Francisca Sánchez Ordóñez.

Aparte de esto, las fuerzas de seguridad han vaciado ordenadamente el complejo e informando a los ocupantes de cada construcción que debían salir de la propiedad.

Por el poco tiempo que se tenía para entrar en la propiedad y ejecutar la resolución del juez, se adjudicó en procedimiento negociado sin publicidad, al que se presentaron seis empresas, todas ibicencas, y se adjudicó a Hermanos Parrot por 250.000 euros, 150.000 menos de los previstos en las bases, por la demolición de los 1.892 metros cuadrados de superficie edificada ilegalmente.

El alcalde ha explicado que pese a las notificaciones oficiales, del complejo no se ha retirado un solo mueble. Del mismo modo, ha lamentado «el modus operandi» de la propiedad, que hasta el último día «ha estado estafando a la gente y aprovechándose. Sabiendo lo que ocurría hoy y no haber avisado a todos los que estaban aquí dentro, ni ella ni sus representantes, se califica por sí solo y no nos extraña nada». Tampoco ha habido nadie que se identifique como representante de la propiedad para facilitar la actuación.

Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del sol vigente, por lo que se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa al edificio principal, el porche, edificación anexa de unos 50 m², los cimientos de una edificación de unos 30 m² de superficie aproximada, edificación de unos 50 m² construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una ‘L’ de una superficie de 200 m² (50 m² una y 150 m² la otra), depósito de agua con una superficie aproximada de 52 m², 8 volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933m2, terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342m2, terrazas abiertas con una superficie total de 414m2, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84m2 y 68m2, respectivamente, una cisterna en construcción de 36m2 de superficie y construcción de varios muros de cerramiento de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural , todo ello con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m² y una ocupación total aproximada de 1.892 m².

Como ya se informó anteriormente, una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se reanudará la tramitación del expediente sancionador contra sus propietarios y promotores, a los que se considera responsables de una infracción grave. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución judicial del caso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, cuya propuesta de sanción inicialmente era de 1,4 millones de euros. A esta cifra deberá añadirse la reclamación correspondiente al coste de la ejecución subsidiaria de la demolición que ha asumido el Ayuntamiento, una cantidad que puede variar en función de la situación que se encuentren en el recinto. Por ejemplo, si, efectivamente, los promotores derribaron parte del complejo por su cuenta.