El Sindicat Alternativa Docent ha denunciado este martes que el Govern de les Illes Balears ha impuesto a los centros educativos una nueva obligación administrativa que, a su juicio, resta tiempo a la labor docente. Se trata de la presentación de programaciones didácticas y unidades de programación en un formato que, según el sindicato, multiplica el trabajo burocrático en detrimento de la atención al alumnado.
En un comunicado, la organización sostiene que esta decisión “supone una carga innecesaria” y que contradice el discurso oficial del Ejecutivo autonómico de mejorar la calidad educativa. “Los maestros y profesores no necesitan más formularios, sino más tiempo para preparar clases de calidad, atender la diversidad del alumnado e innovar en las metodologías”, remarcan.
Alternativa Docent reconoce que existían errores en planteamientos anteriores, como la calificación de cada criterio de evaluación, pero considera que estos podían haberse corregido sin necesidad de exigir hasta tres documentos distintos para una sola tarea con los alumnos. “La solución debería haber sido simplificar, no complicar todavía más”, añade.
El sindicato recuerda que cada curso escolar se repite una situación similar, con cambios de criterio, nuevos requerimientos y la anulación del trabajo realizado el año anterior. A su juicio, esta dinámica genera desmotivación entre los equipos docentes y dificulta la continuidad pedagógica.
Para Alternativa Docent, lo que realmente necesitan los centros educativos es “estabilidad, confianza en la profesionalidad de los docentes y un apoyo efectivo que refuerce la tarea educativa”.
