La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza ha hecho público hoy un comunicado en el que expresan su «más profunda preocupación» ante la posibilidad de que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) conceda una prórroga a la entidad Puertos y Litorales Sostenibles (PYLS), pese «a los reiterados y documentados incumplimientos de las obligaciones asumidas en su oferta», explican.
«Aunque la Ley de Puertos del Estado no regula expresamente la prórroga de autorizaciones de ocupación temporal por incumplimiento, resulta evidente que deben respetarse los principios generales de la contratación pública, recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público«, argumentan los amarristas, especialmente «en lo relativo a la resolución por incumplimiento grave de obligaciones esenciales«. En este contexto, una prórroga «sin valorar adecuadamente el grado de cumplimiento de la oferta adjudicada supondría una quiebra del principio de responsabilidad, igualdad y eficacia en el uso del dominio público portuario«, advierten.
Entre los compromisos clave figura la ejecución del dique flotante, cuya construcción fue determinante para obtener la adjudicación. Sin embargo, a día de hoy, habiendo transcurrido el primer año desde la Autorización, «desconocemos si se ha presentado en tiempo y forma el proyecto de ejecución necesario para acometer legalmente dicha obra«.
La asociación ha solicitado reiteradamente esa información «sin obtener respuesta oficial, lo que incrementa la sensación de opacidad y falta de transparencia«, critican.
Esta situación ha sido reflejada también en un informe técnico firmado por un profesional competente, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Añaden que «tampoco se han ejecutado otras inversiones comprometidas, ni se ha desarrollado el programa deportivo, formativo y social previsto en la oferta, que fue clave para que PYLS obtuviera la puntuación máxima en el concurso», alertan.
Todo ello ha sido puesto en conocimiento de la APB mediante «numerosos escritos sin respuesta, reforzando la percepción de trato de favor institucional«, acusan.
Además, afirman que se desconoce si los retrasos en la puesta en servicio del dique y otras inversiones previstas han sido debidamente justificados y asumidos por la administración portuaria antes del vencimiento de los plazos, «lo que incrementa aún más la inseguridad jurídica y la desprotección de los usuarios del puerto», concluyen.
Y añaden: «Prorrogar una autorización en estas condiciones no solo carece de base jurídica clara, sino que envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que se puede ganar un concurso público con la mejor oferta en papel, incumplir los compromisos más importantes, y aun así conservar el negocio sin consecuencias. Esta impunidad no es compatible con un Estado de Derecho ni con una administración pública responsable«.
La Asociación de Amarristas del Club Náutico añaden que una eventual prórroga «coloca además a los responsables técnicos de la Autoridad Portuaria en una posición delicada, especialmente cuando algunos de ellos están siendo investigados por actuaciones similares. Respaldar incumplimientos tan evidentes podría acarrear consecuencias administrativas, disciplinarias o incluso penales«.
Desde la Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza exigen pues que la Autoridad Portuaria «actúe conforme a los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia, y deniegue la prórroga a una entidad que ha incumplido de forma sistemática los compromisos que justificaron su adjudicación. La confianza de los ciudadanos en las instituciones se juega en decisiones como esta», reiteran.
