El Pleno del Congreso ha aprobado por amplia mayoría la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares para eliminar los aforamientos de los diputados autonómicos y miembros del Govern, que fue aprobada por el Parlamento balear hace poco más de tres años, en aquella ocasión por unanimidad.
La votación en la Cámara Baja, con 329 votos a favor y 10 abstenciones (PNV y PDeCAT) pone fin así a un periplo parlamentario a lo largo del cual la iniciativa fue ya respaldada por todos los grupos del Congreso en febrero de 2019, aunque la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales suspendió su tramitación.
La modificación estatutaria aprobada este jueves supone que los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno balear respondan en su caso ante los mismos órganos judiciales que cualquier ciudadano y no directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears como establece ahora la norma autonómica.
En concreto, el artículo 44 del Estatuto balear pasa a establecer que «el conocimiento de las causas penales y de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio del cargo» de parlamentario autonómico «corresponde al órgano jurisdiccional predeterminado por la ley». Lo mismo se establece para el presidente o presidenta de la comunidad en el artículo 56.7 y para los miembros del Gobierno autonómico en el 57.5.
Además, una disposición transitoria, la duodécima, marca ahora la misma circunstancia para los procedimientos penales y civiles que se siguen ya en la actualidad contra parlamentarios autonómicos, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears o el Tribunal Supremo ya hubieran acordado la apertura del juicio oral.
Baleares se suma así a Canarias, Cantabria y Murcia, que ya han eliminado los aforamientos de sus estatutos y se adelanta a otras comunidades -entre ellas La Rioja, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura- donde una reforma similar está en tramitación, algunas muy avanzadas, se ha formulado la propuesta o se ha planteado, al menos públicamente, la intención de llevarla a cabo.
Durante el debate, el diputado socialista Pere Joan Pons ha manifestado que este es «un proceso que viene de la mano del parlamento de Baleares como reacción a un tiempo oscuro de corrupción» y que hoy se da «un paso más para un país con una democracia más comprometida por la igualdad y la ética».
Margarita Prohens, del PP, ha destacado que es una iniciativa que «apuesta por la regeneración» y que surge «del total y absoluto consenso», al tiempo que ha pedido también que se apoye la llegada cuanto antes al Congreso del Régimen Fiscal de Baleares para compensar los costes de la insularidad.
Antonia Jover, de Unidas Podemos, ha afirmado que de esta forma se sigue «dando pasos hacia una democracia plena» y ha abogado por «seguir avanzando también desde el Congreso con la eliminación de los aforamientos constitucionales, al igual que la inviolabilidad del rey», que en su opinión «son una anomalía democrática instalada en tiempos pasados».
Por su parte, Miguel Ángel Gutiérrez, de Cs, se ha congratulado «de que hoy en las Islas Baleares los políticos dejen de usar un privilegio como es el del aforamiento», y se ha mostrado convencido de que al final lo harán todas las comunidades y ha dicho esperar que también lo harán el Congreso, el Senado y el Gobierno, por lo que ha instado al Gobierno a traer una propuesta de reforma de la Constitución en ese sentido.
EFE
