EFE / Las demandas de separación y de divorcio se mantienen estables en el segundo trimestre de 2023 y apenas crecen un 0,1% con respecto al año anterior, con una tasa de 50,8 por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúan Baleares como la segunda comunidad con la tasa más alta, con 59,9, sólo detrás de Canarias (63,4).
En Baleares, el número total de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios ha experimentado un descenso de un 0,7% en el segundo trimestre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
Las demandas de separaciones no consensuadas, presentaron una importante disminución, del 83,3% respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2022, porque únicamente ha habido una.
Las separaciones consensuadas, 23, aumentaron un 35,3%; los divorcios no consensuados, que sumaron 235, se incrementaron un 3,1%; y los divorcios de mutuo acuerdo, que en total fueron 464, disminuyeron un 2,7%.
Por otra parte, no se presentó ninguna demanda de nulidad en el segundo trimestre de 2023 en el archipiélago balear.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023 se comprueba que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 63,4.
Le siguieron Baleares, con 59,9; la Comunidad Valenciana, con 57,5; Galicia, con 56,2; Cataluña, con 54,2; Aragón, con 53,9; La Rioja, con 53,4; Castilla-La Mancha, con 52,9; y Navarra, con 51,3, territorios en los que en todos los casos se superó la media nacional, que fue de 50,8.
Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Asturias, con 36,4; Cantabria, con 41,8; Castilla y León, con 42,5, y País Vasco, con 43,8.
Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que fueron 212 en Baleares, aumentaron un 47,2 % respecto a las que se registraron en el segundo trimestre de 2022 en las islas. En cambio, las no consensuadas, en total 153, disminuyeron un 15,9 %.
Las modificaciones de medidas consensuadas, 114, subieron un 1,8 % mientras que las no consensuadas, que sumaron 198, se redujeron en un 16,1 % en el archipiélago balear.
