NouDiari / La CGT de Islas Baleares, como parte integrante de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Illes Balears (CAS-IB), ha emitido un comunicado en respuesta a una declaraciones de la consellera de Salud que afirmó que «los lazos entre sanidad privada y pública son imprescindibles».
CAS-IB y CGT ven que «preocupación» estas declaraciones realizadas el 14 de marzo por parte de Patricia Gómez a Redacción Médica. «Decimos con preocupación y no con sorpresa porque fue con los votos de su partido (PSIB) con los que se aprobaron las leyes que permiten la privatización de la Sanidad Pública (Ley 15/1997 y art. 90 de la Ley General de Sanidad)», explican.
Decir que «los lazos entre sanidad privada y pública son imprescindibles», es una afirmación «absurda a no ser que nos explique para qué o para quién es imprescindible. Desde luego no es imprescindible para la población en general, es más, es contraproducente para el interés general», destacan.
Ambos entes consideran que entre otras muchas cosas lo que nos ha demostrado la crisis sanitaria provocada por la covid «es que nos encontramos ante un sistema público de salud debilitado debido a la infrafinanciación y al desvío de dinero público a lo privado».
Afirman que Baleares es la tercera comunidad autónoma, tras Andalucía y Madrid, que menos gasto sanitario público por habitante realizó en el año 2018, según la Estadística de Gasto Sanitario Público, y la tercera comunidad en la que más peso tiene la colaboración público privada.
En sus declaraciones, Patricia Gómez afirmaba que: “En Baleares tenemos una excelente sanidad privada. Somos una CCAA donde muchos ciudadanos escogen esta opción (…)”. Para CGT y CAS-IB, «esto es exactamente lo que se consigue con las políticas de privatización de la Sanidad Pública. El dedicar pocos recursos a la Sanidad Pública hace que la atención sea deficiente al contar gradualmente con menos recursos y que muchas personas perciban que es mejor acudir a la sanidad privada para tener una buena atención».
Este hecho, afirman, «denota un fracaso en las políticas del PSIB en la defensa de la Sanidad Pública. ¿De qué parte está usted señora consellera?, ¿de una sanidad Pública y de calidad o de la privatización de nuestra sanidad? A nuestro entender, sus políticas están forzando a que muchas ciudadanas y ciudadanos, tengan que acudir forzosamente a la sanidad privada».
«Decir que ‘somos una Conselleria de Salud de lo público y de lo privado’ nos parece una aberración. Usted y la Conselleria, como cargos públicos que son, han de trabajar por defender y fortalecer una sanidad pública y universal de todas y para todos. La colaboración entre lo público y lo privado siempre va en detrimento de lo público y favorece a lo privado, es una relación parasitaria y el parásito es la sanidad privada», exclaman.
Resaltan que les preocupa que siendo sanitaria, la consellera no le dé importancia a cuestiones como:
«Que en los hospitales privados hay menor número de profesionales por cama que en los públicos. Así en 2017 había 59 enfermeros por 100 camas en privados, frente a 131 por 100 camas en públicos, y 26,9 médicos en privados, frente a 73,76 por 100 camas en públicos».
«Que ser atendido en un hospital privado incrementa la mortalidad de los pacientes un 2 % en adultos, un 9,5% en recién nacidos y un 8% en pacientes de hemodiálisis más, que en los hospitales sin ánimo de lucro como son los estatales».
«Que la atención en hospitales privados con ánimo de lucro da lugar a pagos por asistencia más elevados que los hospitales privados sin ánimo de lucro. Es decir, el proceso de atención es más caro. Por otra parte, los seguros privados seleccionan los riesgos, es decir atienden a los pacientes menos complejos y por tanto ‘más rentables económicamente'».
«Que el pago de los cánones por la utilización de los hospitales de propiedad privada de modelo PFI Son Espases y Can Misses van a costar 7-8 veces más que si hubieran sido construidos y gestionados por el sector público. Dinero que en lugar de acabar en los bolsillos de los accionistas, podría haberse dedicado a actividades preventivas, de salud pública y a reforzar la atención primaria».
«Que la privatización de la limpieza aumenta la incidencia de infecciones, hasta el 50% más en los hospitales que han privatizado dichos servicios respecto a los que los mantienen con empleados públicos. Los servicios “externalizados” parecen incurrir en menores costos de limpieza por cama, lo que se asocia con menos personal y menor disponibilidad de material de lavado de manos, así como una mayor incidencia de MRSA».
«Que los conciertos privados, que en el espíritu de la Ley General de Sanidad se contemplaban como algo coyuntural ante situaciones de colapso de los centros públicos, hayan pasado a ser un agujero en los presupuestos públicos sanitarios, situándose Baleares como la tercera CCAA que más gasta en conciertos, unos 165 millones de €/año (casi el 10 % de su presupuesto sanitario). Con ese dinero se podrían contratar a 500 médicos, 1.000 enfermeros y 600 auxiliares administrativos durante un año».
«Que de los 1.655 millones de € de presupuesto dedicado a sanidad, se dedicó a atención hospitalaria el del 66,3 %, de los más altos del estado (1.097 millones de €), mientras que a atención primaria se dedicó el 11,9 %, (196 millones de €) de los más bajos del estado, insuficiente, y muy lejos de las recomendaciones (25%)».
«Que, según cifras oficiales, que con toda seguridad no son reales, a junio de 2020, Baleares tenía 12.083 personas esperando una intervención quirúrgica, el 30 % esperando más de 6 meses, y con una espera media de 140 días. También 37.117 personas estaban a la espera de ser vistos por primera vez por un especialista. Con los cerca de 100 millones de €/año que pagamos por el alquiler de Son Espases y Can Misses, podrían contratarse 500 médicos, 1.500 enfermeros y 1.000 auxiliares administrativos , que permitirían establecer un turno de tarde en los hospitales para reducir las listas de espera sin desviar el dinero de nuestros impuestos a la privada, a la vez que crearíamos empleo».
«Que las empresas que se están lucrando con el dinero de nuestros impuestos no son hermanitas de la caridad, sino empresas que tienen que repartir dividendos anualmente, a veces de entre el 5-10% de lo invertido, entre sus accionistas».
Para finalizar señalan que «quizás la señora consellera, muy socialista ella, no se diferencia en absoluto de lo que hacen los consejeros del PP en otras comunidades autónomas, y simplemente esté haciendo el trabajo sucio para los fondos de capital riesgo, bancos y constructoras que se están haciendo de oro con el dinero de nuestros impuestos».
Instan a Gómez a que abandone su defensa por la sanidad privada e invierta el dinero de los conciertos en mejorar la sanidad pública. Así mismo, solicitan que les facilite la memoria de los cánones pagados hasta la fecha por Son Espases y Can Misses «puesto que lo solicitamos a través del portal de transparencia y no se nos facilitó».
Desde CAS-IB manifiestan que la única manera de revertir la situación «lamentable en la que se encuentra nuestra Sanidad Pública es la derogación de la Ley 15/1997 y el artículo 90 Ley General de Sanidad, es la única solución para garantizar una buena atención sanitaria pública y de calidad a toda la población».
