La Policía Local de Sant Antoni ha informado a los legítimos propietarios de los vehículos requisados ayer en el taller clandestino desarticulado, que estos siguen estando a su nombre y que pueden proceder a recogerlos o reenviarlos a otros centros. Según concretó el concejal de Gobernación y Protección Civil del Consistorio, Francisco Cardona, “se trata de casos en los que particulares habían vendido sus turismos a los imputados pero estos seguían a su nombre, un hecho que desconocían y que se traducía en su absoluta indefensión”, resumió. El edil apuntó que “los imputados en la operación policial se anunciaban en prensa para comprar vehículos siniestrados y posteriormente repararlos y venderlos nuevamente”. Los agentes locales han iniciado los tramites correspondientes con la Unidad de Medio Ambiente para tramitar los expedientes por tenencia de vehículos abandonados en la vía pública.
Según recordó el titular de Gobernación y Protección Civil, agentes de la Policía Local de Sant Antoni desarticularon ayer en el municipio dos talleres clandestinos de mecánica de vehículos donde, además, se explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros y se cometían infracciones penales contra el medio ambiente. En la operación, la Policía incoó diligencias judiciales contra tres hombres de entre 36 y 47 años de origen paraguayo, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores “ya que tenían a dos compatriotas suyos en condiciones insalubres y sin ningún tipo de contrato”, agregó Cardona.
Las investigaciones se iniciaron el pasado lunes al detectar los policías que en un inmueble de la zona de Can Tomás se dedicaban a la reparación de vehículos particulares, a pesar de que carecía de las licencias legales para ello. Los agentes comprobaron además que los trabajadores no estaban regularizados.
Los agentes establecieron diversos dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del inmueble, averiguando que la actividad laboral que se desarrollaba era de mecánica, chapa y pintura de coches, siendo los responsables tres hombres de origen paraguayo. Como consecuencia de las investigaciones, agentes de la policía local, junto con técnicos municipales del Ayuntamiento, realizaron una inspección de los talleres observando innumerables deficiencias así como infracciones administrativas y penales.
Los talleres funcionaban sin ningún tipo de licencia administrativa, careciendo de los requisitos que marca la ley en materia de reciclaje de aceites usados, baterías gastadas y cualquier tipo de líquido usado en talleres legales. Estos residuos se vertían directamente a la tierra o al alcantarillado, según comprobaron los agentes. En las inspecciones se localizaron botellas de acetileno, un gas muy inflamable que se usa en maquinas soldadoras y similares, que no se encontraban en las condiciones que exige la ley.
En uno de los locales, los agentes locales, encontraron, además, varios ordenadores portátiles así como GPS, frontales de equipos de música y equipos electrónicos, de los cuales los propietarios del taller no supieron explicar su procedencia. La operación finalizó con la imputación de tres personas por ser presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra el medio ambiente y de receptación.
