EFE / Los padres de diez alumnos de Córdoba que fueron retenidos en Palma por encontrarse en un grupo a los que se les adjudicó contacto estrecho con contagiados de la covid-19, en una medida que no recibió la ratificación judicial, han reclamado al Govern de Baleares una indemnización de 5.000 euros cada uno.

La reclamación se realiza mediante un procedimiento especial y sumario de defensa de derechos fundamentales que ha sido admitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, según ha dicho este viernes a Efe el abogado que dirige la demanda, Luis Espinosa.

El letrado afirmó que «entendemos que se han limitado los derechos de libertad personal, de libre residencia y movilidad por el territorio nacional de los artículos 17 y 19 de la Constitución en los días que estuvieron estos días los niños retenidos».

Los jóvenes, que celebraban en Palma el final de sus estudios de Bachillerato que cursaron en el IES Góngora, fueron retenidos el 25 de junio, al día siguiente se le realizó la PCR y estuvieron retenidos bajo custodia policial en la habitación de un hotel, según la versión de la demanda, «hasta el que Juzgado de lo Contencioso número 3 no ratificó las medidas que había adoptado la Consejería».

A juicio de Espinosa, por «esos seis días que estuvieron retenidos indebidamente sin cobertura legal por parte de la Consejería entendemos que algún tipo de compensación tienen que tener».

Por ello, solicita que «se declare que se vulneraron sus derechos y que esa vulneración le da derecho a una compensación, que, además, es simbólica, no se pide nada del otro mundo», en su criterio, ya que «han tenido daños materiales porque han perdido vuelo de vuelta y actividades del viaje que tenían contratado».

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha dado ocho días al Ministerio Fiscal y a la Consejería de Salud y Consumo del Govern balear para que contesten la demanda.

Además, Espinosa dirige también un procedimiento penal del grupo de estudiantes cordobeses, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, contra la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, donde se han acumulado las diversas denuncias, por los mismos hechos por los que solicita la indemnización en la jurisdicción contenciosa administrativa.