El alcalde de Sant Josep, el popular Vicent Roig, ha salido al paso de las acusaciones vertidas ayer en un comunicado de todos los grupos parlamentarios del ayuntamiento en la oposición (excepto Vox), que se unieron en una moción conjunta para reclamar al consistorio que revocase una decisión para retrasar el inicio de turnos del taxi estacional. «No se puede votar sobre un tema cuyo ámbito competencial corresponde a la Junta de Gobierno», han dicho desde el consistorio en una nota compartida con Noudiari.
Todo empezó tras la decisión de la Junta de Govern, el pasado 30 de enero, de retrasar en 15 días el comienzo de los turnos de taxis estacionales. Inicialmente debían comenzar el 15 de abril y el 1 de mayo en el primer y segundo turno respectivamente, pero el ayuntamiento decretó que estos turnos se iniciasen el 1 de mayo y el 15 de mayo. La asociación de conductores del Taxi de Sant Josep reaccionó inicialmente denunciando que esta situación les causaba un agravio comparativo con otros municipios y perjudicaba su temporada de trabajo, además de afectar al servicio de transporte público en el municipio (incluyendo el aeropuerto).
Tras esa decisión inicial, los grupos de la oposición en su totalidad se unieron en una moción conjunta para el próximo pleno de este mes: Unides Podem, Ara Eivissa, PSOE, Vox, y la concejal no adscrita Raquel Ripoll. Ayer las mismas, excepto Vox, que se mantiene al margen de las acusaciones, compartieron una nota a los medios en la que acusaban al alcalde Vicent Roig de prácticas caciquiles y de «censura» por denegar esta moción, que pedía revocar la decisión de la Junta de Gobierno. El alcalde rechazó la misma con la justificación de que esta debería ser un ruego, que no se vota, en lugar de una moción, que sí debe someterse a votación.
Tras la polémica, el ayuntamiento de Sant Josep se ha reiterado en su posición. «Desde el Ayuntamiento, en ningún momento se ha censurado el debate», han dicho en una respuesta escrita. «La moción se rechaza únicamente por los motivos expuestos en el decreto, pero se transforma en un “prec” [ruego], lo que permite que el debate pueda llevarse a cabo. No obstante, no se puede votar sobre un tema cuyo ámbito competencial corresponde a la Junta de Gobierno, que adoptó la decisión dentro de sus competencias y tras consultar con la Asociación de Taxistas de Sant Josep».
Sin embargo, el pasado 25 de febrero, la Asociación de Conductores del Taxi de Sant Josep sí que denunció a los medios esta decisión, tal y como informó Noudiari.
«No existe censura alguna», zanja el consistorio en formato escrito. «Lo que sí se observa es un intento de los grupos firmantes de cuestionar la competencia de la Junta de Gobierno, a la que ninguno de ellos presentó alegación o se opuso, pese a tener acceso a todas las actas de sus reuniones», concluyen desde el ayuntamiento.
