La Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico (CIOTUPHA) del Consell de Ibiza ha aprobado inicialmente las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) de Sant Josep de sa Talaia, junto a la suspensión parcial de las actuales Normas Subsidiarias. Se trata de un instrumento transitorio solicitado por el Ayuntamiento para ordenar el urbanismo del municipio mientras se redacta el nuevo planeamiento general.
Las nuevas normas buscan corregir errores, contradicciones y vacíos acumulados durante años en el planeamiento vigente, que dificultaban la gestión urbanística y generaban inseguridad jurídica. Su aprobación inicial permite disponer de un marco estable mientras avanza la revisión definitiva.
Entre los principales cambios, las NPP reservan por primera vez suelo específico para actividad industrial y de servicios en el entorno del aeropuerto, con el objetivo de ordenar actividades dispersas y facilitar el traslado de industrias ubicadas actualmente en zonas inadecuadas. También se delimita un ámbito para vivienda protegida y se ordenan distintos vacíos urbanos y accesos, especialmente en Sant Josep, Cala de Bou y Sant Jordi, incorporando «espacios libres, mejoras de movilidad y suelo para futuros equipamientos públicos», según señala el Consell en una nota.
Las normas establecen además la prohibición del alquiler turístico en edificios plurifamiliares de suelo urbano, lo que permitirá activar mecanismos urbanísticos contra esta actividad, en línea con lo aplicado en otros municipios.
Uno de los aspectos más relevantes es la reducción del suelo urbano y urbanizable, que pasa de 2.162 hectáreas a 1.310, un recorte del 47,8 % respecto a las Normas Subsidiarias de 1986. El nuevo marco fija una capacidad máxima de 43.720 habitantes, aunque solo 31.702 corresponden a áreas donde se pueden conceder licencias de forma directa, quedando el resto condicionado a la disponibilidad de recursos hídricos.
Las NPP también reservan suelo para nuevos equipamientos públicos y sectores estratégicos, incluyendo un ámbito urbanizable de 8,93 hectáreas vinculado a la zona industrial existente, así como terrenos para una futura caserna de la Guardia Civil en Can Burgos, equipamientos culturales y deportivos en Cala de Bou y la ampliación del centro educativo de Sant Jordi. En total, las normas fijan ordenación detallada sobre 517 hectáreas de suelo urbano.
Tras esta aprobación inicial, el documento se someterá a información pública durante 20 días hábiles y se recabarán los informes sectoriales preceptivos, incluida la evaluación ambiental estratégica, antes de continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva.
