El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicita al Gobierno central que refuerce los mecanismos necesarios para frenar la ruta migratoria consolidada entre Argelia y Baleares.
El Consell justifica esta petición «ante el impacto que está teniendo en los servicios públicos de la isla, especialmente en el sistema de protección de menores», según reza un comunicado de la institución insular.
Esta comunicación con el Ministerio del Interior se produce solo días después de que el Consell denunciara públicamente que los centros y servicios de menores están colapsados por el flujo migratorio de menores no acompañados. Así lo han hecho también los sindicatos, en concreto UGT, tras resultar afectada una monitora que intentó desactivar una pelea multitudinaria entre menores en tránsito acogidos.
En el escrito, el presidente asegura que la evolución de esta ruta en los últimos años ha provocado un incremento “exponencial e insostenible” de la llegada de embarcaciones a las costas de Ibiza, generando una presión creciente sobre los servicios asistenciales del Consell.
“Lejos de estabilizarse, la situación ha continuado agravándose”, ha asegurado Marí en esta carta al ministro Grande-Marlaska, hecho que «ha tensionado de manera notable la capacidad asistencial de la administración insular, especialmente en el ámbito de la atención a menores».
El presidente del Consell de Ibiza ha reclamado en esta misiva una «respuesta firme» por parte del Ministerio de Interior y coordinada con el Gobierno central ya que la situación requiere «una actuación decidida». Marí ha reiterado la necesidad de impulsar medidas para «eliminar» la denominada ruta balear, así como promover acuerdos de cooperación con Argelia que prevengan la salida de embarcaciones hacia las Pitiusas. Además ha pedido que se avance en crear instrumentos bilaterales que faciliten el retorno de los menores no acompañados.
Incremento de recursos y «migración estructural»
En la carta al Ministerio de Interior el presidente del Consell ha reiterado los argumentos de la Consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, quien tras la pelea multitudinaria de hace solo unos días, procedió a explicar las inversiones realizadas desde su departamento para mejorar la acogida en el servicio de menores. Desde el Consell han pasado de contar con 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores al inicio de la crisis migratoria a disponer actualmente de 156 profesionales en este ámbito. Del mismo modo, según datos públicos, si en 2019 existían únicamente dos centros de acogida residencial, actualmente operan once centros destinados a atender el flujo de menores que llegan a la isla.
Este incremento de recursos humanos y organizativos ha ido acompañado también de un importante aumento presupuestario, según han señalado desde el Consell. Mientras que el servicio de menores gestionaba en 2018 un presupuesto de 2,5 millones de euros, en 2025 esta cifra ha ascendido hasta los 12,3 millones de euros.
Vicent Marí advierte de que la situación sigue siendo “extremadamente compleja y cada vez más difícil de sostener”, ya que no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, la adecuada atención a los menores y la «cohesión social del territorio».
En la carta también se hace referencia a los problemas derivados de la saturación del sistema, que recientemente provocó un incidente en uno de los centros de acogida y que evidencia, según señala el presidente, la dificultad de estabilizar las plantillas y encontrar profesionales que puedan atender un servicio actualmente desbordado.
Vicent Marí asegura que el sistema de protección de menores está siendo utilizado para gestionar un fenómeno migratorio que ya tiene carácter estructural y que “excede las competencias insulares”.
