La organización ecologista GOB pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que suspenda el Decreto-Ley Ómnibus. Además, el GOB se persona en todos los ayuntamientos de las Islas, como parte interesada en todos los expedientes de legalización que se pretendan amparar en la nueva amnistía.
Así lo explican en un comunicado, en el que relatan que «el polémico texto publicado recientemente por el Govern Balear, que modifica más de 50 normas, implica consecuencias graves en cuanto a las garantías de protección de los recursos naturales y del suelo, y con graves consecuencias también en cuanto a la afectación tan sustancial al marco normativo existente, con una medida totalmente antidemocrática como es un decreto-ley», lamentan.
Un decreto-ley que por otra parte, «no justifica en absoluto la urgencia más allá de la evitación del debate social y político de un cambio sin precedentes en la regulación del marco normativo», añaden.
El GOB se reunió este pasado fin de semana a nivel interinsular para coordinar esta vía de impugnación y está trabajando en el argumentario para motivar la carta que en los próximos días tiene previsto dirigir al presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, con el detalle de los motivos que desde la entidad ecologista consideran inconstitucionales «en relación a la afectación a los principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental».
Aspectos como la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, la legalización de edificios en suelo rústico, los nuevos aparcamientos en playas saturadas, la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera, la desarticulación de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el GOB sobre el Bienestar de las Generaciones presentes y futuras, la posibilidad de construir en zonas de Prevención de Riesgos, o aumentar la edificabilidad del suelo rústico de manera que se puedan levantar y consolidar edificaciones de grandes dimensiones, ni tienen urgencia «ni son simplificación administrativa, sino pura desprotección de los valores territoriales de las islas» califican los ecologistas.
Hoy martes, precisamente, se plantea en el Parlament balear la validación del mencionado Decreto-Ley y el inicio de su tramitación como proyecto de Ley. Por eso, desde el GOB anuncian la presentación de esta solicitud directamente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «con la fundamentación jurídica necesaria para que use sus facultades para frenar lo que la entidad considera un abuso de poder».
El GOB se persona en todos los ayuntamientos como parte interesada en todos los expedientes de legalización
Además de esta iniciativa, el GOB ha decidido personarse ante todos los ayuntamientos de las Islas como parte interesada en todos los expedientes de legalización de construcciones en suelo rústico que se puedan tramitar a raíz de la publicación del Decreto-Ley el pasado 28 de mayo, algo que ya se pidió en Ibiza hace una semana por parte del GEN-GOB.
«El hecho de que los procedimientos de legalización se hagan en los ayuntamientos, sin ninguna intervención externa, sin pasar por ninguna exposición pública, ni comisiones de urbanismo o de patrimonio del Consell Insular, ni tengan que recibir ningún informe externo de ningún organismo, hace que estas legalizaciones sean completamente opacas», critican.
Y añaden: «A raíz de la última amnistía urbanística existen numerosas sospechas de fraude en expedientes de legalización (antigüedades “no comprobadas”, infracciones no terminadas y por tanto en curso de ejecución que se habrían permitido finalizar, cambios de uso de edificaciones agrarias a viviendas, etc.)».
Así, por ejemplo, con la nueva amnistía, «no es suficiente que una edificación esté realizada antes de una fecha determinada, es necesario también que desde esa fecha no haya sido objeto de obras que hayan interrumpido el plazo de prescripción; en el caso de las obras en el interior de ANEIs, por ejemplo, solo podrían ser legalizadas aquellas que no hayan sido objeto de obras desde el año 1991, en caso contrario se trataría de infracciones continuadas y no prescribirían al encontrarse dentro de espacios protegidos», puntualizan.
«La antigüedad de las edificaciones que se pretendan legalizar debe quedar acreditada de forma fehaciente, no una parte sino la totalidad; tampoco se pueden convertir edificaciones agrarias o ruinas en nuevas viviendas», añaden.
En definitiva, según los ecologistas, no se puede permitir un nuevo “coladero” de ilegalidades «que premie las infracciones y permita, aún más, que los especuladores hagan negocio a costa de nuestro maltrecho territorio».
Las secciones insulares del GOB se están personando en todos los ayuntamientos para ser considerados parte interesada en la totalidad de los expedientes de legalización que se pretendan amparar en el nuevo decreto-ley. «Ningún expediente podrá ser resuelto sin al menos dar traslado a nuestra entidad y ninguna autorización podrá considerarse vigente hasta que nos sea notificada formalmente. Cabe recordar que hace solo unos días el Defensor del Pueblo ha avalado, con un extenso informe jurídico, que el GOB tiene derecho a acceder a los expedientes urbanísticos», añaden.
BIEN POR ESTAR AHI !!!