EFE / Redacción / El Govern balear y los consells han criticado la falta de una respuesta inmediata del Gobierno a sus reclamaciones de ayuda urgente y extraordinaria para atender el aumento de llegadas de menores migrantes no acompañados a las islas, en una reunión este miércoles en la Delegación del Gobierno en Palma.
Tanto la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han dicho estar muy decepcionados con la reunión celebrada con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, porque no ha respondido a sus reclamaciones urgentes de apoyo económico, de espacios y personal técnico.
Pérez ha defendido la necesidad de definir un modelo de sistema de acogida para estos menores que sea garantista y con todas las comunidades autónomas y ha respondido que el Gobierno planteó la reforma de la Ley de Extranjería en julio para solventar la situación con un reparto “y asumiendo el Estado una responsabilidad” pero fue rechazada, con el voto en contra del PP.
Esa reforma planteaba también que si una comunidad superaba en un 150% su capacidad de acogida podía acogerse al reparto, ha explicado el secretario de Estado de Juventud. “Esa superación del 150% entendemos que en Baleares se da pero aún no tenemos los datos agregados”, ha añadido, si bien ha precisado que “para nada” alcanza las magnitudes de Ceuta, que “tiene 524 menores en 19 kilómetros cuadrados y un sistema de protección muy pequeño”, y de Canarias que está por encima de los 4.000 menores.
El responsable de Juventud ha afirmado que “se está consolidando una ruta cada vez más evidente en Baleares y eso obliga a cuantificar los sistemas de protección aquí”, y a establecer un modelo que sea igualitario en el conjunto de comunidades.
«Las propuestas las está poniendo el Gobierno y los palos en las ruedas por parte de quienes luego nos exigen recursos», ha afirmado. “Estamos permanentemente instalados en la emergencia”, ha añadido y ha señalado que la respuesta no debe ser “tapar agujeros”.
Ha cifrado las necesidades en atender a 14.000 menores, por lo que considera “ridículo decir que es una invasión y un problema”. “El problema es que están radicados fundamentalmente en dos comunidades y dos ciudades autónomas”, por lo que es necesaria voluntad política para definir un nuevo modelo.
Ha insistido en que “el debate es el modelo” porque la situación es cada vez más estructural respeto a infancia migrante en situación de vulnerabilidad y ya no es coyuntural.
Pérez ha emplazado al Govern y a los consells a continuar el diálogo, para trabajar el nuevo modelo y establecer el umbral de los sistemas de protección, y ha indicado que en las comunidades donde se vea superado, el Estado actuará «de forma responsable», con «elementos de financiación que el Estado siempre ha dicho que está dispuesto a tratar en Conferencias Sectoriales». «Nos lo habríamos solventado con la modificación del 35», ha insistido sobre la reforma de la Ley de Extranjería tumbada.
«Defendemos los traslados porque queremos que las instalaciones sean garantistas, que no sea un quebradero de cabeza permanente la búsqueda de infraestructuras y porque se garantizan los derechos el menor», ha explicado.
«No tenemos capacidad para dar respuesta» a esta situación
La consellera balear de Familias y Asuntos Sociales ha subrayado que, tras la reunión, «no hay una respuesta inmediata a las necesidades urgentes de la comunidad». «Necesitamos soluciones del Gobierno del Estado porque no tenemos capacidad para dar respuesta a una situación que sobrepasa a todas y cada una de las islas y, también cuando ya son mayores de edad, al servicio de emancipación del Govern».
«Necesitamos medidas excepcionales y extraordinarias», ha reivindicado Galmés, que ha anunciado que el Consell de Mallorca «no aceptará a ningún menor no acompañado que haya llegado a otro lugar de España» ante la incapacidad de «atender en condiciones los que han llegado» a la isla. «Pedimos lo que han ofrecido a Canarias, 50 millones, y en Mallorca no han ofrecido dinero para ayudarnos. También necesitamos ayuda técnica porque el sistema de protección menores está tensionado y sobrepasado», ha resumido.
El delegado, Alfonso Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para terminar de definir la posibilidad de usar algún espacio del Ministerio de Defensa para utilizarlo para atención como centro de acogida de menores.
También se ha ofrecido a colaborar en la tramitación de «apurar los plazos al máximo posible» de una partida de fondos europeos por 4 millones de euros para crear un centro de menores con nuevas plazas en un convenio del Govern y el Consell de Mallorca y que pueden acabar en 2026.
