El Parlament balear ha aprobado este martes con los votos del PP y Vox la admisión a trámite de la proposición de ley del Grupo Popular que supondrá el cierre este mismo año de la Oficina Anticorrupción de Baleares, creada por el Govern de Francina Armengol en el año 2016.
La iniciativa legal del PP, pactada con Vox como acuerdo programático de gobierno, prevé la creación de un registro de actividades, intereses, renta y patrimonio de todos los cargos públicos en el Parlament.
Los partidos de la oposición han votado en contra de esta propuesta del Ejecutivo de Marga Prohens (PP). El resultado del escrutinio ha sido de 33 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la del diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, de Sa Unió de Formentera.
El diputado del PP Mauricio Rovira ha defendido que esta oficina, cuyo presupuesto anual asciende a 1,5 millones, es un organismo que ha demostrado que no ha sido «ni eficaz ni útil» en la lucha contra la corrupción.
Se trata, ha continuado, de un ente creado por el Govern de izquierdas al que «clarísimamente le falta independencia» y que duplica el papel de investigación de instituciones como la Judicatura, la Policía o la Sindicatura de Cuentas de Baleares.
Rovira ha insistido en la falta de imparcialidad de un organismo que «solo investiga lo que le interesa» y que, de hecho, es dirigido por Tòfol Milàn, un exalto cargo socialista durante varias legislaturas.
También ha lamentado las continuas filtraciones de informaciones y expedientes de este organismo con la intención de dañar al PP. Rovira ha reseñado que los altos cargos deberán continuar informando de su patrimonio e ingresos.
Desde el principal partido de la oposición, el diputado del PSIB Marc Pons ha advertido que con la clausura de Anticorrupción se crean «las condiciones favorables para volver a la impunidad de los tiempos oscuros del PP de Jaume Matas».
Pons ha recordado que el PP balear es justamente el único partido de Baleares condenado por corrupción y, precisamente, «lo primero» que hace tras ocho años en la oposición es eliminar esta oficina. «De este modo se crean las condiciones que favorecen delinquir», ha advertido.
Además, el diputado socialista ha puesto el acento en que, sin esta oficina, los ciudadanos ya no podrán presentar denuncias anónimas, sin consecuencias ni «represalias», al advertir de posibles situaciones irregulares.
El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha calificado de «sorprendente» en el ámbito europeo la eliminación de un organismo cuyas funciones van más allá del trabajo que realizan de manera ordinaria la Judicatura o la Sindicatura de Cuentas.
Para el diputado menorquín, es de «risa el argumento» del ahorro económico de 1,5 millones que esgrime el PP porque, precisamente, su actividad evita el posible mal uso de millones de euros.
Castells sí ha compartido con el PP que el máximo responsable de la oficina no puede ser un exalto cargo socialista, lo que en ningún caso es motivo para cerrarla.
Desde Unidas Podemos, Cristina Gómez ha recordado que la oficina se creó tras unos años de «corrupción endémica del PP» y que el nuevo Govern podría haberlo sustituido.
Finalmente, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha recordado que el cierre de esta entidad es un acuerdo político con el PP porque se trata de «una oficina de persecución de la oposición», pero no de los asuntos que afectan a la izquierda balear.
Rodríguez ha añadido que su partido también cerraría en esta legislatura otros organismos por «ineficaces» como el Ibdona. «Pero no nos han dejado», ha apostillado en alusión al PP.
EFE
