El PP de Ibiza se manifiesta contra la amnistía de Pedro Sánchez arropado por los alcaldes y el presidente del Consell

Los alcaldes de Ibiza, junto al presidente del Consell Insular, Vicent Marí, y el presidente de la formación, Marí Bossó, se han manifestado hoy al mediodía contra la amnistía de Pedro Sánchez a los políticos independentistas catalanes con causas pendientes tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. Todos estos cargos públicos ibicencos, que comparten filiación política en el Partido Popular, se han juntado en las calles de Vila para hacer patente su descontento con el intercambio de Pedro Sánchez con los políticos independentistas, que facilitaron al PSOE la formación de gobierno junto a Sumar a cambio de, al menos que se sepa hasta ahora, la amnistía de los políticos catalanes exiliados o con juicios pendientes. Al acto de este sábado han acudido 300 personas, según explican desde el Partido Popular en una nota de prensa.

Durante el acto, el acalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha leído el comunicado que reproducimos a continuación:

«Los alcaldes y concejales del Partido Popular queremos reiterar nuestro compromiso con la igualdad de todos los españoles, que se está viendo seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España. Tanto la Ley de Amnistía que se está tramitando en las Cortes como el resto de privilegios que el independentismo está imponiendo como condición para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados ponen de relieve una grave alteración de las reglas de juego democráticas. El actual Ejecutivo central ya no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento.

Es por ello que queremos y debemos manifestar nuestra profunda preocupación por la degradación institucional a la que estamos asistiendo, puesto que supone un flagrante deterioro de nuestro Estado de derecho, ataca los principios constitucionales más básicos y compromete la viabilidad de todos los niveles de administración del Estado, incluido el municipal que nosotros representamos. Para continuar en el poder, el PSOE y todos aquellos partidos cuyo objetivo es liquidar nuestra nación han colocado a España en uno de los momentos más graves de nuestra historia reciente: se desprotegen los derechos y libertades fundamentales, se cercena el principio de separación de poderes y se acaba con la igualdad de los españoles y la solidaridad entre territorios a cambio de un puñado de votos.

Nuestro principal deber como representantes de la ciudadanía en los ayuntamientos es defenderles frente a todo esto, ya que conceder prerrogativas a unos pocos ciudadanos implica que aquellos a los que nosotros nos debemos sean discriminados. No podemos aceptar que el mismo presidente de nuestro país tome medidas que crean ciudadanos de primera, que gozan de impunidad jurídica y de privilegios económicos y competenciales, mientras el resto se convierten en ciudadanos de segunda. Exigimos que todos los españoles seamos libres e iguales.

Por todo ello, los 3.361 alcaldes que gobernamos al 46,5 por ciento de los españoles en los ayuntamientos, así como los 23.421 concejales con los que el Partido Popular cuenta en España, y con el único afán de preservar el respeto a los intereses generales, MANIFESTAMOS lo siguiente:

• Renovamos nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, tal y como juramos o prometimos en cada uno de nuestros consistorios el pasado 17 de junio. Un convencimiento que, tras los hechos acontecidos y la deriva liderada por el PSOE, entendemos más vigente y necesario que nunca.
• Nos oponemos tajantemente a que la extorsión del independentismo determine en última instancia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central y el sentido del voto de los partidos que sustentan el Gobierno de coalición, tal y como está ocurriendo de manera evidente en los primeros meses de esta legislatura.
• Exigimos al Gobierno y al PSOE que acaben con el secretismo con el que están acometiendo las negociaciones con sus socios sobre asuntos esenciales para la economía y el bienestar de los ciudadanos. El conjunto de las administraciones y de las formaciones políticas tenemos derecho a participar del debate y de la toma de decisiones en los temas que nos afectan a todos. LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA LEY NO PUEDEN SER MONEDA DE CAMBIO PARA BLINDAR LA PRESIDENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ.
• Expresamos nuestro absoluto rechazo a la Ley de Amnistía porque es injusta e inmoral. Atenta contra la igualdad de todos los españoles que consagra nuestra Constitución, rompe el principio de separación de poderes al anular sentencias e investigaciones judiciales, se basa en un engaño masivo a los españoles porque el PSOE negó la posibilidad de esta medida de forma constante y unánime antes de las elecciones generales y ni siquiera sirve para que el independentismo se comprometa con la no repetición del golpe ocurrido en 2017 en Cataluña.
• Vemos con desolación que los acuerdos del PSOE y sus socios estén sirviendo para despenalizar delitos de malversación, contra la integridad territorial e incluso de terrorismo. Esta conducta es opuesta a los valores innegociables en cualquier Estado democrático moderno, así como a los que conforman la Unión Europea. DE FORMA EXPRESA, RECLAMAMOS QUE NO EXISTA ‘TERRORISMO BUENO’ Y QUE TODO ACTO TERRORISTA SEA INVESTIGADO Y CONDENADO.
• Concretamente, creemos que modificar o derogar el Código Penal a la carta para beneficiar a determinadas personas es una forma de corrupción política que perjudica la confianza en las instituciones y crea un sentimiento de agravio e injusticia a la población que resulta insoportable.
• Defendemos la separación de poderes y la independencia judicial y rechazamos tanto las decisiones que usurpan sus funciones como las declaraciones de representantes políticos, incluidos miembros del Gobierno de España, que están poniendo en cuestión y señalando a jueces por sus decisiones. Ni el Poder ejecutivo ni el legislativo pueden comprometer la actuación de los jueces ni ponerlos bajo sospecha, porque los jueces, como reza el artículo 117.1 de la Carta Magna, solo están sometidos al imperio de la ley.
• En consecuencia, solicitamos a nuestro partido y a cualquier persona o institución competente que active todos los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional no se ponga al dictado de los partidos independentistas. No podemos consentir que sigan jugando con los derechos y los recursos de todos los españoles.»