El senador del Partido Popular por Baleares, Miquel Jerez, ha afirmado este martes, durante su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo-Ábalos, que el Govern presidido por Francina Armengol facilitó la entrada en Baleares de la empresa vinculada a la trama Koldo durante la pandemia de COVID-19.
Según ha declarado Jerez, el Ejecutivo balear habría adquirido material sanitario por valor de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, compañía relacionada con Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, en el marco de una contratación presuntamente irregular.
Durante su intervención, el senador popular ha dirigido sus reproches al que fuera director del Servicio de Salud de las Illes Balears, Juli Fuster, a quien ha definido como “máximo responsable administrativo” de las decisiones tomadas durante la gestión sanitaria de la pandemia. Según Jerez, Fuster “firmó el contrato, guardó silencio y permitió que se almacenara un producto inservible que acabó caducando sin ser utilizado”.
Asimismo, ha señalado que Fuster dimitió tres días después de que la Guardia Civil registrara su despacho en el marco de las investigaciones.
Referencias a informes de la UCO
El senador ha hecho referencia a los informes de la UCO, que, según sus palabras, “plantean un entramado de relaciones personales y políticas en torno a la contratación del material sanitario en Baleares”.
Entre esas relaciones, Jerez ha asegurado que “fue la propia presidenta Armengol quien facilitó a Koldo el número personal de la entonces consellera de Salud, Patricia Gómez, esposa de Fuster”. También ha aludido a mensajes entre Koldo y Armengol, entre ellos uno en el que, según Jerez, el asesor escribió: “Cariño, te mantengo informada”.
Críticas al proceso de contratación
Según ha expuesto Jerez, la entrada de la empresa en las islas se habría producido tras una llamada del Ministerio de Transportes, en aquel momento dirigido por Ábalos. El senador sostiene que el material entregado –mascarillas KN95– fue clasificado como FFP2, pese a que supuestamente no cumplían con la normativa, y que más tarde se modificó su clasificación y su código contable “para disimularlo”.
También ha indicado que el Govern de entonces emitió un certificado conforme a dicha adquisición, lo cual, ha añadido, “permitió a la empresa acreditar solvencia reputacional para seguir contratando con otras administraciones”.
Reclamación del actual Govern
Jerez ha señalado que la reclamación del contrato por parte del Ejecutivo balear no se produjo hasta la llegada de Marga Prohens a la presidencia del Govern, momento en el cual se habría iniciado la solicitud para recuperar los 3,7 millones de euros destinados a la compra de mascarillas “que no sirvieron y acabaron caducando”.
El senador concluyó su intervención apuntando que “la etapa del anterior Govern no fue un error aislado, sino una forma de gestión carente de rigor, control y transparencia”.
