El PSOE de Ibiza ha asegurado que la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado la continuación del procedimiento judicial hasta la celebración de juicio oral contra el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, por la adjudicación de un contrato de 250.000 euros durante la pandemia, conocido como el caso ‘La vida islados’, así como por presuntas coacciones y acoso a la interventora general de la institución.
Según ha explicado la portavoz socialista en el Consell Insular, Elena López Bonet, la Audiencia aprecia “indicios suficientes para que la causa deba continuar hasta la celebración del juicio oral”, motivo por el cual, ha afirmado, se ha acordado enviar a juicio al presidente insular.
López Bonet ha comparecido ante los medios para detallar el contenido de las resoluciones judiciales y ha criticado que el Partido Popular haya señalado que la Audiencia “avala” el contrato de emergencia. A su juicio, se trata de una interpretación errónea, ya que, según ha indicado, “las resoluciones tumban el sobreseimiento y ordenan continuar con el procedimiento hasta juicio oral”.
La portavoz socialista ha recordado que el auto judicial señala que “si las relaciones personales existentes entre el señor Vicent Marí y las personas que formaron parte de la empresa tuvieron o no relación directa con la adjudicación del contrato será una cuestión a dilucidar en el seno del juicio oral”.
Desde el PSOE califican este asunto como “el caso más grave que ha vivido nunca el Consell Insular de Ibiza” y consideran que “afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”. Por ello, Elena López Bonet ha manifestado que “el señor Vicent Marí debe dimitir de su cargo de presidente del Consell Insular de Ibiza”.
Según ha señalado, “la máxima institución de Ibiza no puede estar presidida por una persona que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de corrupción y coacciones”, y ha añadido que la dimisión sería necesaria “por respeto a la ciudadanía de Ibiza y a la institución que representa”.
La portavoz socialista también ha expresado el apoyo de su partido a la interventora general del Consell Insular, destacando que, según los hechos que constan en la causa, fue objeto de presuntas coacciones y acoso laboral tras alertar de irregularidades en el procedimiento. En este sentido, ha afirmado que “los funcionarios públicos que denuncian irregularidades merecen protección y reconocimiento, no represalias”.
Asimismo, López Bonet ha subrayado que el PSOE no ha cuestionado la situación de emergencia vivida durante la pandemia de la COVID-19, sino “la forma en que se utilizó el procedimiento de emergencia y si se hizo para favorecer a alguien”. Según ha indicado, la Audiencia señala que “no consta el control” sobre la empresa adjudicataria y compara este contrato con otros tramitados por emergencia en los que sí se siguieron los procedimientos administrativos adecuados.
Finalmente, la portavoz socialista ha señalado que esta resolución judicial contradice, a su juicio, las declaraciones realizadas por Vicent Marí en diciembre de 2024, cuando calificó el caso como “un montaje del PSOE y la Oficina Anticorrupción”. “La Audiencia Provincial no ha encontrado ningún montaje; ha encontrado indicios suficientes de delito y ordena la continuación del procedimiento hasta el juicio oral”, ha afirmado.
El PSOE ha concluido que “la justicia seguirá su curso”, pero insiste en que “la responsabilidad política no puede esperar” y exige al Partido Popular que la asuma.
