El PSOE ha advertido este jueves en una nota de prensa que la Ley 4/2025, aprobada en julio por PP y Vox en el Parlament balear, llevará a Ibiza al «colapso» al permitir una «depredación urbanística sin precedentes» que no resuelve el problema de la vivienda.
Los socialistas han denunciado que con la nueva ley se «favorecerá» la construcción en suelo rústico sin garantizar vivienda protegida ni servicios básicos.
En una rueda de prensa, el secretario general del PSOE de la isla, Vicent Roselló; la portavoz insular, Elena López, y la diputada autonómica Mercedes Garrido han denunciado que la nueva normativa abre la puerta a urbanizar hasta el 50% del suelo urbanizable y el 25% del suelo rústico de transición para vivienda libre o de «precio limitado», un tipo de vivienda un 30% más cara que la protegida y sin criterios sociales de acceso.
El PSOE ha estimado que solo en Vila podrían sumarse más de 110.000 habitantes y en Sant Josep más de 54.000 por el desarrollo de estos suelos, lo que duplicaría la población actual de la isla.
Roselló ha criticado que el PP renuncie a limitar el precio del alquiler y apueste por viviendas de hasta 700.000 euros «inaccesibles» para la mayoría de los residentes. También ha denunciado la falta de alternativas habitacionales ante los desalojos judiciales de asentamientos ilegales.
Por su parte, Garrido ha advertido de un «colapso generalizado» de los recursos hídricos, sanitarios, energéticos y de movilidad y ha acusado al presidente del Consell, Vicent Marí, de «mentir» al asegurar que no se construiría en suelo rústico hasta agotar el urbano, ni que la construcción sería solo para crear vivienda protegida.
El PSOE ha exigido la «paralización inmediata» de las licitaciones de vivienda de precio limitado, la protección del suelo rústico y la construcción de vivienda pública real como única vía para responder a la emergencia habitacional de la isla, ha terminado el grupo socialista.
EFE
Pero vamos a ver: ¿a alguien le puede extrañar, que con un gobierno de derechas, se favorezcan los intereses de las constructoras?