@Noudiari / Los socialistas de Formentera propondrán en el próximo pleno del Consell la creación de una tarjeta joven para que los menores de 18 años no paguen por utilizar el transporte público. También presentarán una moción para que el Govern balear inste al Gobierno Central a que derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque «la tasa de reposición de funcionarios es cero», e «impide que mejore la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos».
La consellera del PSOE, Ana Juan, ha afirmado que ante la inminente caducidad del contrato con la concesionaria de transporte público, y la redacción del anteproyecto de ley que regulará la entrada de vehículos en Formentera, «es el momento de incluir esta medida en la redacción del nuevo acuerdo». Del mismo modo ha incidido en que «se tendrían que incorporar nuevas disposiciones para conseguir un servicio más sostenible, así como mejorar la PM820 para dotarla de un carril bici seguro y en condiciones».
En este sentido, la consejera socialista ha dicho que «es la hora de crear conciencia y facilitar a la gente para que deje el coche a casa», y ha añadido que, «implantar esta medida, supondría menos vehículos circulante a la carretera y una pasa adelante para educar a los jóvenes en la importancia de usar una movilidad pública».
Por otro lado, los socialistas de Formentera defienden la derogación de la Ley Montoro para poder reconstruir el Estado del Bienestar, mediante la prestación de servicios sociales, la política de vivienda, la construcción de escoletes y centros escolares. Denuncian que es un instrumento ideológico de centralización y control competencial de las administraciones locales y autonómicas, que prevé la privatización de determinados servicios de titularidad pública.
El conseller del PSOE, Rafa Ramírez, asegura que el Real Decreto Ley que prepara el Gobierno Central para poder gastar el superávit del 2017, «es insuficiente porque los servicios públicos continúan teniendo una tasa de reposición de personal cero e impide que se mejoren la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos».
En esta línea, Ramírez asegura que «las entidades locales baleares tienen el derecho de disponer de los 500 millones de euros del superávit, porque los servicios están saturados, la atención que recibe el ciudadano es retrasa y no pueden realizar inversiones productivas para la población».
Del mismo modo, el portavoz de los socialistas de Formentera, ha defendido que «con la gestión de estos recursos mejoraría la educación de cero a tres años, el plantel de la policía local y la tramitación burocrática del Consell, entre otras prestaciones».
La moción también contempla la derogación de la regla de gasto a las entidades locales saneadas, la recuperación de la autonomía local y la reforma de la financiación local y autonómico.
