El Grupo PSOE del Consell de Eivissa ha registrado alegaciones contra los presupuestos de 2026, los cuáles han descrito hoy en rueda de prensa como “la muestra más palpable de la forma de gobernar que Vicent Marí ha intentado instalar en este Consell», ha denunciado la portavoz socialista, Elena López Bonet.
La portavoz, acompañada del conseller Víctor Torres, ha calificado el Consell gobernado por Marí como “clientelar, oscuro, sin transparencia” y la ha definido como “una institución que gobierna de espaldas a los problemas de la ciudadanía”.
“No son sólo irregularidades técnicas, es un retrato de la manera de gobernar del Partido Popular», ha manifestado López Bonet.
Los socialistas denuncian que los presupuestos de 2026 debían estar aprobados a día 31 de diciembre de 2025, sin embargo estos siguen prorrogados, de manera que se incumplen los plazos legales, ha denunciado el PSOE.
El PSOE alerta también de una vulneración del principio de equilibrio presupuestario, con un déficit oculto de 7,38 millones de euros en áreas como Menores, ITV y Carreteras. «En resumen: este Presupuesto está desequilibrado. No cuadra. Es un engaño», ha afirmado López Bonet.
Otra de las alegaciones denuncia ingresos hinchados por valor de 8,4 millones de euros, con previsiones de IRPF no justificadas y convenios con el Govern sin acreditar. «Se han puesto ingresos que no están garantizados. Esto es hacer un Presupuesto falso y engañar a la ciudadanía», ha remarcado la portavoz.
El documento presupuestario también contempla un préstamo de 17,37 millones de euros que, según el informe de Intervención, se destina a gasto corriente, lo que es ilegal. «Se está utilizando el préstamo para tapar agujeros, no para invertir», ha advertido la portavoz socialista, alertando del riesgo de paralización de obras como Ses Nou Rodades, el Parque Motor o el pabellón de Sa Blanca Dona.
Otras alegaciones se refieren a la falta de transparencia en productividades y gratificaciones, con desviaciones sistemáticas entre el presupuestado y el ejecutado; al incumplimiento de la Ley de Capitalidad de Eivissa; ya compromisos firmados sin crédito presupuestario por valor de 3,9 millones de euros.
El PSOE denuncia también un abuso de las subvenciones nominativas, que según explican ya representan el 43% del total, y el uso opaco de FECOEV, con un incremento del presupuesto del 303% en seis años. «FECOEV es una herramienta para gastar evitando la transparencia y los controles del Consell», ha asegurado López Bonet, quien ha puesto un añadido: «Si el contrato de ‘La vida islados’ se hubiera hecho por FECOEV y no por el Consell, seguramente no se habrían detectado las irregularidades y nadie se habría enterado”.
Por último, el PSOE señala que se han hecho múltiples rectificaciones presupuestarias sin informe definitivo de Intervención, lo que «invalida de pleno derecho el Presupuesto General del Consell».
Ante todas estas irregularidades, el Grupo Socialista ha solicitado que se declare la invalidez del Presupuesto, que subsidiariamente se corrijan todas las deficiencias antes de su aprobación definitiva, que se garantice el cumplimiento estricto de la ley y que se asuman responsabilidades políticas por parte de Vicent Marí y su consejero de Hacienda, Salvador Losa.
«La ciudadanía de Ibiza se merece un Consell con credibilidad, un gobierno honesto y transparente. Y eso, ahora mismo, no lo tenemos», ha denunciado la portavoz del PSOE.
Silencio tras la decisión judicial
En la rueda de prensa de hoy, Elena López Bonet ha criticado el silencio de Vicent Marí tras la decisión judicial: «Ha pasado una semana. Siete días desde que la Audiencia Provincial de Palma ordenó la continuación del procedimiento judicial hasta la celebración del juicio oral. Siete días en los que Vicent Marí ha decidido esconderse. Siete días sin dar la cara, sin explicaciones y sin asumir ninguna responsabilidad».
Además, ha advertido que Vicent Marí «dejará una institución del Consell Insular desacreditada ante la ciudadanía», y ha afirmado que «no puede haber peor descrédito por una institución pública que tener un presidente que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones a la interventora general».
