Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha manifestado este sábado su rechazo a la posible privatización de las torres de control de los aeropuertos y ha defendido la necesidad de mantener una gestión y control público de este «sector estratégico» para Baleares.
En un comunicado, el partido ha destacado que el transporte aéreo es «esencial para el buen funcionamiento de la economía y para garantizar los derechos de movilidad de las personas en un archipiélago como el balear».
Según EUIB, la privatización de las torres de control aéreo supone un riesgo para la calidad del servicio y los derechos laborales de los trabajadores del sector y además podría tener consecuencias negativas para la conectividad entre islas y con el resto de España.
Para EUIB, la gestión pública es la única garantía para asegurar que este servicio clave se gestione con criterios de interés general, priorizando las necesidades de la ciudadanía y la cohesión territorial por encima de beneficios privados.
El coordinador de EUIB, Juanjo Martínez, considera además que solo una gestión publica «puede garantizar un profundo cambio en nuestro modelo productivo, priorizando el bienestar de la gente de Baleares por encima de los intereses de las grandes empresas privadas». Ha asegurado que «la privatización impide que el sector aéreo contribuya a un desarrollo más justo y sostenible”.
EUIB trasladará esta problemática al Congreso de los Diputados a través de Fèlix Alonso (EU) y Vicenç Vidal (Més), para exigir al gobierno central que detenga cualquier proceso de privatización y que refuerce el compromiso con una gestión 100 % pública y transparente del control aéreo.
Además, el grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo estudiará las próximas acciones políticas a emprender ante las instituciones europeas para defender un modelo de gestión pública que priorice los derechos de la ciudadanía y el interés general, frente a las propuestas que pretenden imponer modelos privados, indica la nota.
EUIB ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales de Baleares para unir esfuerzos para «frenar este nuevo intento de mercantilizar un servicio esencial» para las islas.
EFE
